Presionan para que la juez impute al presidente de la Confederación del Júcar en la causa de la dana

Familiares de una víctima de la dana en Valencia han insistido ante el Juzgado de Catarroja en que se investigue la responsabilidad del presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otros cuatro altos cargos de la entidad al considerar que tenían los conocimientos técnicos necesarios para interpretar los datos de caudales y «dar la voz de alarma de forma clara y eficiente».

La iniciativa tiene lugar tras la providencia del pasado 17 de marzo por la que la jueza de la dana emplaza a las partes para alegaciones sobre el recurso de apelación de Hazte Oír contra el auto del Juzgado que inadmitía la querella presentada por esa parte contra Polo y otros cuatro responsables de la CHJ.

En su escrito a la jueza, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso Efe, los familiares manifiestan su «total adhesión» al recurso contra la inadmisión presentado por Hazte Oír, y exponen sus razones, al tiempo que señalan que «los querellados, como altos cargos y técnicos de la CHJ, tienen la mayor responsabilidad en el control de avenidas en los cauces de su demarcación», entre los que se encuentran el barranco del Poyo y el río Magro.

Según sostienen, «precisamente en las horas más críticas, cuando el barranco ya estaba fuera de cauce, omitieron toda información relevante».

Dicen que, si la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso se basa en que a las 15:07 horas varios medios ya informaban del desbordamiento del barranco en Chiva, se preguntan si Polo y el resto de la cúpula «no veían esas informaciones», y, «si lo vieron, ¿qué hicieron? ¿No sabían dónde iba a acabar el agua que ya desbordaba en Chiva?».

«Ignoramos los conocimientos técnicos sobre orografía e hidrología que se requieren para ocupar el puesto de consellera de Interior, aunque sospechamos que ninguno, pero a quien sí se les puede exigir, y al máximo nivel, es a los directivos del organismo regulador de la cuenca», opinan.

«Los que sí debían saber que lloviendo torrencialmente en la sierra de Chiva, vertiente norte de la sierra de Perenchiza, hoya de Buñol, etc, toda ese agua iba a terminar en el barranco del Poyo, que buena parte de su cauce discurre por zonas densamente pobladas y que su aforo no iba a soportar semejante caudal, eran los querellados de la CHJ», insisten en su escrito a la jueza instructora.

Eran quienes podía leer los datos

Entienden, además, que «los que mejor podían interpretar esos datos eran ellos, los ingenieros, los que deben saber cuál es el máximo aforo que puede soportar un cauce, cuándo un caudal es alarmante, dónde es previsible que se produzca el desbordamiento, etc.», y atribuyen a los querellados la responsabilidad también de «dar la voz de alarma de forma clara y eficiente».

Tras lo expuesto a la jueza, apuntan en su escrito que todo lo dicho «desde luego no significa que otros responsables de la Conselleria, Delegación del Gobierno, Ministerio o Ayuntamientos no tengan una parte igual o mayor de responsabilidad», pero les «parece que toda la culpa se quiere descargar en los responsables autonómicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho más allá».

Por último, aseveran: «Los mismos argumentos que han servido para fundamentar esas imputaciones pueden sostener las de otros miembros del Cecopi, que, como órgano colegiado, sus componentes pueden ser responsables de las decisiones acordadas, salvo que hicieran valer su protesta u oposición, de lo que de momento no tenemos noticia alguna».