La Policía Nacional intercepta un dron que sobrevolaba el Puente de Miraflores
Es el cuarto dron intervenido en menos de dos meses a un ciudadano por sobrevolar el casco urbano careciendo de permisos
Agentes de la Policía Nacional han interceptado un dron que sobrevolaba las inmediaciones del Puente de Miraflores y cuyo propietario carecía del permiso requerido para dicha operación.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes día 4 de noviembre, cuando Agentes de la Policía Nacional en Córdoba que se encontraban realizando funciones de prevención de la delincuencia en el Casco Histórico, observaron a un individuo que llevaba puestas unas gafas FPV y manejaba un controlador, pudiendo comprobar como estaba haciendo uso de un dron que sobrevolaba el Puente de Miraflores.
Se trataba de un ciudadano de origen checo que se encontraba de turismo en la ciudad, al cual se le indicó que aterrizara el dron en un punto concreto y allí mismo fue informado que se iba a levantar un Acta de Avistamiento de Vuelo de dron al carecer de los permisos para ello.
Dron y elementos accesorios, intervenidos
Los agentes procedieron a la intervención del dron citado, modelo DRN DJI AVATA 2, así como una bolsa de transporte en la que portaba unas gafas FPV, baterías y un controlador, siendo la persona que lo pilotaba propuesta para sanción administrativa por incumplimiento de la normativa de Seguridad Aeroportuaria y Navegación.
Las consecuencias de sobrevolar un dron
Debido a que el uso de los drones se ha disparado en los últimos años, han sido varias las ocasiones en las que Agentes de la Policía Nacional han interceptado e intervenido drones que sobrevolaban el cielo del casco urbano sin autorización alguna, en muchas ocasiones por desconocimiento de los propios pilotos.
En menos de dos meses en Córdoba, se han intervenido cuatro drones por sobrevolar las inmediaciones de la Mezquita-Catedral y alrededores.
La Policía Nacional explica que «estas conductas implican un peligro para la seguridad ciudadana, el orden público y para determinadas actividades estratégicas del Estado, como es la aviación civil». Por ello, la legislación es bastante restrictiva al respecto, y la Agencia Española de Seguridad Aérea puede sancionar dichas actuaciones con una multa que puede ir desde los 3.000 hasta los 6.000 euros.