Pulso legalÁlvaro Caparrós Carretero

La querella de Sánchez: Análisis del show presidencial

En este circo político los únicos que realmente pierden son los ciudadanos, que ven cómo se dilapidan sus recursos

Actualizada 04:00

La reciente querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado es un espectáculo digno de circo. Para los que disfrutan del teatro del absurdo, esta querella es un auténtico manjar. El presidente del Gobierno ha decidido utilizar la Abogacía del Estado para presentar una querella que, en el mejor de los casos, parece una broma de mal gusto, y en el peor, una flagrante malversación de recursos públicos.

Imaginen la escena: Sánchez, en un acto de vaga moralidad, decide no declarar ante el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos vínculos laborales sospechosos. En lugar de enfrentar la situación con la dignidad y transparencia que cabría esperar de un líder, opta por presentar una querella. Pero no cualquier querella, no. Una que involucra a la Abogacía del Estado en un asunto personal, lo que ya de por sí es un uso cuestionable de los recursos públicos. Un hecho que debería ser extraordinario, pero en este país lo extraordinario se ha vuelto ordinario. Además, la querella está plagada de errores y omisiones que harían sonrojar al más novato de los estudiantes de derecho.

Por ejemplo, se confunde constantemente la figura del presidente con la persona que lo ocupa, mezclando su rol institucional con su situación personal. Esto no es solo una torpeza, es un intento burdo de disfrazar un asunto personal como si fuera de interés estatal. Para que la Administración General del Estado pueda ejercer la acusación particular, debe haber un perjuicio claro para la institución. Aquí, la conexión entre el supuesto delito y el perjuicio para el Estado es más tenue que el argumento de un mal thriller de televisión. La querella no logra explicar cómo la citación de Sánchez perjudica al Gobierno. Es como si un jugador de fútbol profesional se quejara de un empujón en el colegio y pidiera la intervención del Tribunal Supremo.

Entrando en la fundamentación jurídica, uno no puede evitar preguntarse si la querella fue redactada en una noche de insomnio y café barato. La abogada del Estado parece haber recurrido a citas jurisprudenciales con la misma soltura con la que un estudiante cita a Wikipedia en su trabajo final. La falta de esfuerzo en acreditar indicios de criminalidad en el proceder del juez Peinado es notable. No se hace ningún esfuerzo real por explicar por qué habría delito, lo que sugiere que incluso quienes redactaron la querella sabían que no tenía ningún recorrido.

Y si el guion no fuera ya suficientemente rocambolesco, tenemos a Begoña Gómez presentando otra querella. Esta saga familiar está empezando a parecerse más a una telenovela que a una serie de procedimientos judiciales serios. La presentación de estas querellas no solo desvía la atención de los verdaderos problemas del país, sino que también socava la confianza en las instituciones.

La implicación de la Abogacía del Estado es la guinda del pastel. Se supone que esta entidad debe defender los intereses generales de la administración pública, no los caprichos personales del presidente. Este uso indebido de recursos públicos no solo es éticamente reprochable, sino que también representa una peligrosa instrumentalización de las instituciones del Estado. Permitir que esta querella avance sentaría un precedente nefasto, donde los poderosos pueden utilizar los recursos del Estado para proteger sus intereses personales a costa del erario público.

La querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado es un ejercicio de malabarismo jurídico que merece más risas que respeto. Es una muestra más de cómo el poder puede ser mal utilizado para evitar el escrutinio y la responsabilidad. En lugar de enfrentar las acusaciones con transparencia, Sánchez ha optado por una estrategia de distracción que, lamentablemente, solo sirve para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. En este circo político los únicos que realmente pierden son los ciudadanos, que ven cómo se dilapidan sus recursos en querellas sin fundamento mientras los problemas reales quedan sin resolver.

Aunque este despropósito socava las instituciones del Estado, el espectáculo que están dando es innegable. Entretenido me tienen, deseando ver cómo avanzan las andanzas judiciales de esta familia y, por supuesto, del hermanísimo.

El futuro de estas querellas es incierto, pero lo que sí está claro es que continuarán generando controversia y distrayendo la atención pública de los problemas reales del país. La querella de Sánchez contra el juez Peinado probablemente será desestimada por falta de sustento legal, dado que la fundamentación es débil y las acusaciones carecen de pruebas sólidas. La segunda querella presentada por Begoña Gómez, si sigue la misma línea que la primera, es probable que tenga un destino similar. Este espectáculo judicial promete seguir entreteniendo a la audiencia, pero a costa de socavar la confianza en nuestras instituciones y malgastar recursos públicos. Al final, el mayor perdedor es la ciudadanía, que merece un gobierno centrado en resolver los problemas reales y no en escenificar dramas personales.

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