El Tribunal Constitucional: héroes del descaro y protectores de la corrupción

Bienvenidos al nuevo capítulo de lo que, ya tradicionalmente, suelo llamar tragicomedia española, donde el TC y el PSOE nos demuestran que en España la justicia no solo está ciega, sino que también es cómplice y descaradamente parcial. Esta semana, el TC ha decidido anular parcialmente las condenas por malversación del escandaloso caso de los ERE, dejando claro que la justicia es un chiste al servicio del poder.

En un giro digno de los más oscuros episodios de House of Cards, el TC ha tomado la absurda decisión de liberar a los políticos corruptos de sus justas condenas, afirmando que los actos administrativos ilegales que llevaron a cabo no son realmente tan graves. Magdalena Álvarez, exministra socialista y una de las grandes arquitectas de esta trama fraudulenta, ha sido prácticamente exonerada de su condena de nueve años de inhabilitación.

Según el TC, aunque Álvarez y sus compinches implantaron un sistema ilegal para agilizar la distribución de subvenciones, no se puede probar que lo hicieron con dolo directo. Esto, amigos, es el reino del surrealismo judicial. ¿Cómo se puede instaurar un sistema para repartir ilegalmente 680 millones de euros en subvenciones sin intención maliciosa?

Lo más insultante es que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado flagrantemente en sus funciones. No contento con anular las condenas, el TC ha decidido reinterpretar las leyes y suplantar al Tribunal Supremo, el verdadero máximo intérprete de la ley en España. Esta extralimitación es una usurpación descarada de competencias, un acto de arrogancia judicial que socava la estructura misma de nuestro sistema legal.

¿Qué esperábamos del PSOE y de su marioneta judicial? Desde que este partido ha vuelto al poder, no ha cesado en su empeño de socavar las instituciones y proteger a sus corruptos. La sentencia del TC es una clara maniobra política para proteger a los suyos, una jugada sucia que no hace más que alimentar la desconfianza ciudadana en la justicia. El PSOE y sus aliados progresistas en el TC han demostrado que su compromiso con la legalidad y la transparencia es pura fachada.

En este contexto, es crucial entender la función del Tribunal Constitucional. Originalmente concebido para salvaguardar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales, su reciente comportamiento sugiere una desviación alarmante de su misión principal. El TC debería ser un baluarte de justicia y equidad, no un peón en el tablero político.

Este es el nivel de nuestra democracia: un tribunal que debería velar por la Constitución, convirtiéndose en cómplice de la corrupción. Los ciudadanos de a pie, los que pagamos los impuestos y sufrimos las consecuencias de estos robos, quedamos indefensos ante una élite política y judicial que se protege mutuamente. El mensaje es claro: en España, si tienes el carnet del partido correcto, la justicia es una mera formalidad.

Para los que aún creemos en la justicia imparcial, este es un duro golpe. ¿Cómo podemos confiar en un sistema donde el Tribunal Constitucional actúa como una extensión del poder político? La respuesta es simple: no podemos. Y esa es la triste realidad que debemos enfrentar. Nos queda pensar que el Tribunal Constitucional ni siquiera pertenece al Poder Judicial y, como tal, su digna función original se ve enturbiada por el más sucio politiqueo bananero.

Este episodio es solo un capítulo más en la larga historia de corrupción y desvergüenza del PSOE. Un partido que, lejos de purgarse de sus elementos corruptos, los protege y los exculpa. Mientras tanto, la ciudadanía observa impotente cómo sus instituciones se desmoronan, cómo la corrupción campea a sus anchas. ¿Tienes carnet del PSOE o tus votos permiten que Pedro siga en su trono? Tranquilo, manga ancha.

Lo ocurrido con el caso de los ERE y la intervención del TC es una burla a la inteligencia y a la decencia de los españoles. Es una muestra más de que vivimos en un país donde la ley se aplica de manera desigual, donde los poderosos gozan de impunidad y donde las instituciones están al servicio de los intereses políticos.

La decisión del Tribunal Constitucional es un alarmante indicio de hacia dónde se dirige nuestro país. Nos encontramos en una encrucijada peligrosa, donde la separación de poderes se tambalea y la confianza en nuestras instituciones se desmorona. Si permitimos que el TC siga extralimitándose en sus funciones, usurpando el papel del Tribunal Supremo y protegiendo a los corruptos, el futuro que nos espera es sombrío.

Estamos a tiempo de detener esta deriva, de exigir una justicia verdaderamente independiente y de reforzar la integridad de nuestras instituciones. No podemos permitir que el PSOE y sus aliados progresistas continúen manipulando el sistema a su favor, destruyendo la credibilidad del poder judicial y socavando los principios democráticos que deberían guiarnos.

Sin embargo, si no actuamos ahora, si no alzamos la voz y exigimos responsabilidades, nos encaminamos hacia un futuro donde la impunidad y la corrupción serán la norma. Es crucial que, como sociedad, estemos vigilantes y defendamos con firmeza los valores de justicia y transparencia. Aún estamos a tiempo, pero el reloj sigue avanzando y el camino que se vislumbra, de no cambiar el rumbo, es profundamente oscuro.