Okupación: El arte de tomar prestada una casa (sin intención de devolverla)

Si hace unos años me hubieran dicho que en España tendríamos nuestro propio servicio de alojamiento gratuito, donde puedes instalarte en la casa de otro sin pedir permiso, habría pensado que era una broma de mal gusto. Pero aquí estamos, en el país donde la okupación se ha convertido en una actividad casi turística, y donde el gobierno parece más interesado en contemplar el paisaje que en resolver el problema.

La okupación es ese fenómeno fascinante donde alguien decide que tu salón sería perfecto para sus plantas y que tu cocina tiene el Feng Shui ideal para sus desayunos. Y mientras tanto, tú, el propietario legal, te quedas mirando desde la acera con las llaves en la mano y una cara que mezcla incredulidad y desesperación.

Legalmente, la situación es digna de un guion de película, aunque estamos normalizando cada vez más estas situaciones. Aunque existe cierta regulación, en la práctica, desalojar a los okupas es más difícil que resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados. Los procedimientos judiciales se alargan, los recursos se acumulan y el propietario acaba sintiéndose como Don Quijote luchando contra molinos de burocracia.

Hablemos del argumento estrella de los okupas y sus defensores: el derecho fundamental a una vivienda digna.

La Constitución Española, en su artículo 47, establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Este precepto es, sin duda, una aspiración noble y esencial en una sociedad avanzada. Sin embargo, es fundamental entender que este derecho tiene la naturaleza de principio rector de la política social y económica, no de derecho fundamental de aplicación directa e inmediata.

Los principios rectores requieren de una acción positiva por parte de los poderes públicos para su desarrollo y cumplimiento, pero no otorgan, por sí mismos, facultades concretas exigibles directamente ante los tribunales. Es decir, el derecho a una vivienda digna implica que el Estado debe promover políticas y medidas para facilitar el acceso a la vivienda, pero no significa que cualquier individuo pueda tomar posesión de una propiedad privada alegando este derecho.

Además, el derecho a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de la Constitución, es un derecho fundamental con plena eficacia jurídica y protección constitucional. La ocupación ilegal de una vivienda vulnera este derecho de manera directa. La jerarquía normativa y la interpretación constitucional establecen que no es admisible sacrificar un derecho fundamental en aras de un principio rector, por muy loable que este sea.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara al respecto: los derechos fundamentales prevalecen y no pueden ser limitados o vulnerados sin una justificación legal sólida y proporcional. Ergo, la defensa de la okupación bajo el paraguas del derecho a una vivienda digna carece de fundamento jurídico sólido y supone una interpretación errónea y oportunista de la Constitución, fruto de un cuñado de barra zurdo.

Volviendo a las posibles soluciones jurídicas, esas grandes desconocidas que parecen haber caído en el olvido gubernamental, expongo algunas nada fantasiosas u originales:

- Desalojo Exprés: Implementar procedimientos judiciales rápidos y eficientes que permitan al propietario recuperar su vivienda en cuestión de días. Pero claro, eso implicaría que la maquinaria judicial funcione con la agilidad de un guepardo, y todos sabemos que se mueve más al ritmo de una tortuga con siesta incluida.

- Potenciar la Actuación Policial: Otorgar a las fuerzas de seguridad la facultad de desalojar a los okupas de manera inmediata cuando se demuestre la propiedad y la ocupación ilegal. Sin embargo, parece que equipar a la policía con herramientas legales efectivas no está en la lista de prioridades del gobierno, quizás porque están demasiado ocupados negociando fuera del país.

- Endurecimiento de las Penas: Revisar el Código Penal para que la usurpación de viviendas tenga consecuencias reales y disuasorias. Pero para eso habría que admitir que existe un problema serio, y es más cómodo pensar que son casos aislados o leyendas urbanas para no molestar a sectores sensibles a la causa.

Mientras tanto, el gobierno nos ofrece soluciones dignas de un espectáculo de magia: muchas palabras, mucho humo y nada por aquí, nada por allá. Se habla de mesas de diálogo, de comisiones y de estudios, pero las acciones concretas brillan por su ausencia pues sus conclusiones son que todo esto es un problema inventado por la derecha.

La inseguridad jurídica generada por la okupación no solo afecta a los propietarios, sino a la confianza en el sistema legal en su conjunto. Si cualquiera puede ocupar una vivienda y quedarse en ella durante meses o años sin consecuencias reales, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Que las leyes son opcionales? ¿Que el esfuerzo y el sacrificio de comprar una casa no valen nada?

Es necesario que el gobierno deje de lado las excusas y tome medidas efectivas. No es cuestión de ideologías ni de debates estériles, sino de sentido común y de respeto por los derechos fundamentales. La implementación de procedimientos ágiles, el refuerzo de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de las penas no son propuestas radicales, sino acciones lógicas ante un problema evidente.

Algunos podrían pensar que soy demasiado crítico. Pero cuando la realidad supera a la ficción, es difícil no serlo. No se trata de casos aislados ni de exageraciones mediáticas. La okupación es un problema real que afecta a miles de personas, y minimizarlo es una falta de respeto hacia quienes lo sufren en carne propia.

La okupación se ha convertido en una especie de juego macabro donde siempre pierde el mismo: el propietario. Y mientras tanto, el gobierno parece más interesado en pasar de pantalla sin completar la misión. Es hora de que nuestros dirigentes se pongan las pilas y actúen con la responsabilidad que el cargo exige.

Porque al final del día, todos merecemos vivir en paz en nuestras propias casas, sin miedo a que alguien decida que tu sofá es el lugar perfecto para ver la tele. Y eso, estimado gobierno, no es un lujo ni un capricho, es un derecho.