Almeida cree que el pleno del Ayuntamiento declarará a Pablo Iglesias persona «non grata»
Madrid Madrid declarará a Pablo Iglesias «persona non grata»
En el Pleno del Ayuntamiento de este martes, el Ayuntamiento de Madrid reprobará y nombrará persona «non grata» a Pablo Iglesias, tras sus críticas a la Policía Municipal
El Pleno del Ayuntamiento va a reprobar y declarar persona non grata a Pablo Iglesias. Esta decisión ha sido adelantada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez- Almeida, que ha señalado que «no va a haber ningún problema» en sacar adelante las proposiciones de Vox, PP y Ciudadanos. Como informó El Debate, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM), sindicato mayoritario del Cuerpo, ha denunciado a Iglesias por sus declaraciones en las que calificaba de «inútiles» a los agentes locales. Esta agrupación entiende que sus palabras suponen «injurias graves con publicidad».
La primera proposición, de Vox, reclama la declaración de persona «non grata» del exlíder de Podemos, mientras que la segunda es una proposición conjunta de PP y Ciudadanos que reclamará la reprobación de las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno.
Para que salgan delante de las propuestas, necesitarían de los votos de los tres partidos que las impulsan y todo apunta a que serán aprobadas.
Sin consecuencias jurídicas
Persona non grata, literalmente, «no grata», hace referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución. La figura de persona non grata es utilizada normalmente en el ámbito del derecho internacional cuando un país busca retirar a un diplomático de su territorio. En este caso, la persona no es aceptable para dicho país, por tanto, el otro estado debe retirar a dicho diplomático de su territorio. En el Derecho Internacional sí existen efectos prácticos respecto a su status y puede suponer la pérdida tanto de inmunidades como de otro privilegios diplomáticos.
En el reciente caso de Iglesias, no existiría una consecuencia jurídica inmediata porque no es posible expulsarle de su territorio o privarle de su ciudadanía, por lo que son realmente declaraciones políticas y no tanto una acción jurídica.
El propio Tribunal Constitucional, se pronunció al respecto y negó las consecuencias jurídicas de estos actos administrativos.
Sin embargo, a pesar de no tener efectos legales, estas declaraciones tienen el objetivo de mostrar el rechazo público hacia cierta persona. En el caso del exlíder de Podemos, de la Comunidad de Madrid.
