El Gobierno lleva al Constitucional la negativa de Ayuso de declarar «lugar de memoria» la Real Casa de Correos y le acusa de rechazar «el diálogo»

El Gobierno de Pedro Sánchez va a llevar al Tribunal Constitucional la negativa de Isabel Díaz Ayuso de declarar «lugar de memoria» la Real Casa de Correos, sede de su Ejecutivo. Así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Pilar Alegría, quien ha acusado al Gobierno autonómico de «rechazar el diálogo» que había propuesto el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, comandado por Ángel Víctor Torres, para «resolver las discrepancias sobre este asunto».

El Debate publicó ayer en primicia los argumentos que el Gobierno de Sánchez va a esgrimir ante el Constitucional en ese recurso anunciado oficialmente este martes. En concreto, desde el Palacio de la Moncloa persiguen que el Alto Tribunal, presidido por Cándido Conde-Pumpido, impugne el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid.

Un precepto que protege la Real Casa de Correos como sede del Gobierno autonómico y establece que los poderes públicos tienen la obligación de «proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid». En este sentido, establece que se ordenará el «cese inmediato» de todas aquellas actuaciones que «perjudiquen o resulten incompatibles» con esos extremos.

Además, también fija que la colocación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo -básicamente lo que busca Sánchez con esa declaración como «Lugar de Memoria Democrática» para recordar que en ese lugar se produjeron torturas durante el franquismo- requerirá «la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid». Lo mismo para la celebración de eventos u otras actuaciones.

Todo ello, según el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, es «incompatible con la distribución constitucional de competencias», en tanto en cuando «blinda» ex lege el edificio de la Real Casa de Correos, al «exclusivo y excluyente criterio que tenga el Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma».

Para el Ejecutivo se trata, en definitiva, de «un régimen especial, exorbitante, exclusivo y excluyente para la Real Casa de Correos que en nada se justifica respecto del régimen general del resto de los inmuebles públicos de titularidad de la Comunidad de Madrid». También critica que esos preceptos de la citada ley establecen «previsiones especiales que no se justifican de manera proporcionada en la condición del inmueble de sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».