Venezuela inaugura el primer «módulo de paz» para la resolución de «conflictos menores»

Las autoridades venezolanas inauguraron en Caracas el primer «módulo de paz», una iniciativa destinada a solucionar disputas vecinales consideradas de baja complejidad. Estos casos serán atendidos por jueces de paz comunales, seleccionados en elecciones organizadas por el oficialismo el pasado 15 de diciembre. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encabezó la apertura de este espacio en la parroquia El Valle, resaltando que el objetivo principal es promover la convivencia pacífica entre los residentes.

«Estos módulos y casas de paz permitirán a los vecinos resolver conflictos menores, evitando que escalen, y servirán como un espacio de democratización», afirmó Rodríguez en un video compartido en su canal de Telegram. También expresó su esperanza de que los nuevos jueces de paz garanticen una temporada navideña sin conflictos y en armonía.

Según el gobierno, alrededor de 30.000 jueces de paz fueron elegidos en el proceso electoral promovido por el chavismo. La mitad de ellos ocuparán funciones principales, mientras que los demás actuarán como suplentes. Estos representantes comunales serán capacitados en la Escuela de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para abordar las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, recientemente reformada.

Esta normativa otorga a los jueces la capacidad de mediar en conflictos locales y dictar medidas preventivas urgentes para evitar daños irreparables derivados de las disputas. Además, los módulos se proyectan como puntos de referencia en la resolución comunitaria de controversias.

Sectores de la oposición han cuestionado la implementación de estos módulos de paz, señalándolos como instrumentos de control social. Juan Pablo Guanipa, exdiputado y miembro de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificó las elecciones de jueces como «una nueva farsa» del gobierno de Nicolás Maduro. Según Guanipa, esta figura busca establecer «comités de defensa de la mal llamada revolución» para intimidar a quienes se oponen al régimen.

Otros líderes opositores han argumentado que estas estructuras podrían desviar el foco de la verdadera necesidad de una justicia independiente y efectiva en Venezuela. Sin embargo, el gobierno insiste en que el proyecto fomenta la armonía y refuerza el tejido social en comunidades vulnerables.