Realidad y fantasía del Tren de Aragua

Se ha llegado al extremo de comparar el Tren de Aragua con una enorme corporación privada y transnacional. De acuerdo a ese modelo, se trataría de una estructura jerárquica, con una cúpula o alta dirección que planifica, ordena y controla las filiales de una red distribuida en Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países. El que se haya elegido el modelo corporativo de la gran empresa no es producto de la pura arbitrariedad: responde a la necesidad de encontrar un modo de comprender o interpretar un fenómeno inédito o casi inédito en Hispanoamérica, que es el de la migración masiva de delincuentes en un período relativamente corto de tiempo: entre 7 y 8 años, aproximadamente.

En la historia del Tren de Aragua, de acuerdo al documentado libro de la periodista Ronna Rísquez, tres peligrosos y experimentados delincuentes —Yohan Romero López, alias Johan Petrica; Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero; y Larry Amaury Acuña, alias Larry Changa— serían «los 3 papás» del Tren de Aragua. Por debajo de estos, habría pranes y jefes de bandas, así como representantes en Chile y Colombia. Sin embargo, esta banda de tentáculos, alianzas y crímenes muy sonoros, a pesar de su considerable tamaño, está lejos, al menos hasta ahora, de la estructura disciplinada e interconectada de la que hablan ciertos analistas y políticos. Es un pulpo grande o muy grande, que no tiene la envergadura, por ejemplo, que tuvo en su momento el Cartel de Cali o el Cartel de Medellín.

El Tren de Aragua —nombre peculiar—, banda organizada que había adquirido fama en Venezuela, y que nació como distorsión de una actividad sindical, tenía su centro de mando en el penal de Tocorón.

Sacó provecho del proceso de migración forzosa que se intensificó a partir de 2016. En la marcha terrible y forzada de casi 8 millones de venezolanos, varios centenares de delincuentes —una estimación sugiere que sumarían entre 2 y 3 mil aproximadamente—cruzaron las fronteras venezolanas y se establecieron en otros países. A medida que la cantidad de migrantes venezolanos se incrementaba y diseminaba, el número de delincuentes también se dispersó en el continente.

Algunos de esos delincuentes viajaron en grupo, acompañados de sus socios de canalladas. Otros lo hicieron con familia o solos, escapando de la precariedad y en búsqueda de oportunidades. Puede parecer irónico pero no lo es: buscaban nuevos campos, más jugosos, en los que cometer sus delitos. En un reportaje emitido por un informativo de la televisión peruana, una reportera entrevista a la madre de un delincuente venezolano capturado in fraganti durante el atraco a una joyería en Lima en mayo de 2022. Días después la madre va a las puertas del lugar donde el atracador está detenido, pero no le permiten ingresar ni hablar con él. Insiste durante varias mañanas consecutivas. Hasta que un día se presenta con un cartel que dice, «quiero a mi hijo vivo». El mensaje capta la atención de la reportera, que la entrevista. Entonces le pregunta, cómo es posible que su hijo haya «venido de tan lejos a robar», a lo que la señora responde, con simpleza sobrecogedora, «es que allá no hay nada que robar».

Pasó, por una parte, que cuando los delincuentes venezolanos comenzaron a actuar en distintas ciudades del continente, cometieron acciones de extrema violencia: rápidamente se posicionaron en el interés de la opinión pública. Hubo delitos, por ejemplo, en Bogotá y Quito, que sí fueron cometidos por migrantes que habían pertenecido al Tren de Aragua. No tardó «el tren de Aragua» en convertirse en una etiqueta, etiqueta cada vez más repetida, un comodín de uso pegajoso, en el que confluyen realidad y fantasía.

Pero, increíblemente —y esta es una historia que merece ser investigada, analizada y escrita por un equipo multidisciplinar— el uso de la categoría Tren de Aragua se extendió, de forma tan poderosa e indiscriminada, que fue adoptada por autoridades, investigadores y gobiernos, sin considerar dos hechos sustantivos: el primero, la historia específica y las realidades concretas de El Tren de Aragua, que ya he mencionado; la segunda, la aparición en los últimos años de centenares de pequeñas y medianas bandas en todas las regiones del país y no relacionadas entre sí, muchas de ellas dedicadas al narcotráfico, que formaron parte de la huida del territorio venezolano. Quiero decir: entre los criminales que salieron del país los había pertenecientes o relacionados con el Tren de Aragua y los que no.

Es en ese marco de cosas, cuando el régimen de Maduro comenzó a liberar delincuentes comunes incitándoles a salir de Venezuela, para así bajar los índices delictivos, aliviar el congestionamiento carcelario y crearle problemas a otros países —especialmente a Estados Unidos—, y una vez que se ha conocido que hay funcionarios de la dictadura de Maduro que tienen vínculos con líderes de la banda, la marca Tren de Aragua —porque es como una marca de lo negativo— ha crecido todavía más, se ha hinchado, ha adquirido proporciones donde la realidad se confunde con la fantasía.

Lo que está ocurriendo es una consecuencia inevitable: Trump y su Gobierno detienen a centenares de emigrados venezolanos y los envían a una cárcel en El Salvador. En el procedimiento hay delincuentes y hay inocentes, que ni tienen relación con la banda ni han cometido delitos. Es probable, muy probable, que haya quienes no disponían de los documentos necesarios para permanecer en territorio estadounidense. Eso no significa que pertenezcan al Tren de Aragua ni que esté justificado el modo en que se han sido deportados. La actuación del Gobierno de Estados Unidos es doblemente peligrosa: arrastra a inocentes a una prisión en El Salvador, y añade un estigma a la reputación de los venezolanos que tuvieron que salir de su país en contra de su voluntad porque sus vidas estaban en peligro o la sobrevivencia se había tornado insostenible. ¿Acaso eso los convierte en criminales?