Inmigrantes venezolanos deportados de EE.UU. aterrizan en Caracas
Trump pide al Supremo que levante la prohibición de expulsar a los inmigrantes en virtud de ley de excepción
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado hasta la Corte Suprema su batalla contra el bloqueo judicial a las deportaciones de venezolanos a El Salvador. La Administración del republicano pidió este viernes al Supremo que levante la prohibición impuesta por un juez federal de expulsar a inmigrantes bajo la ley de «extranjero enemigo», anteriormente solo invocada en tiempos de guerra.
«Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo las operaciones sensibles de seguridad nacional, el presidente o el poder judicial», argumentó la Administración Trump.
La orden de bloqueo temporal de las deportaciones fue emitida el pasado 15 de marzo por el juez federal de distrito James E. Boasberg, el juez principal del tribunal federal de Washington. Anteriormente, el presidente estadounidense había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que calificaba a la organización del Tren de Aragua como una fuerza invasora.
De hecho, ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a los que las autoridades acusan de ser miembros del Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. Boasberg dictaminó que los inmigrantes que se enfrentan a la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de una banda.
Tras la decisión de Boasberg, la Administración Trump ha pedido la destitución del juez. «Las órdenes del tribunal de distrito han desairado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y arriesgan efectos debilitantes para delicadas negociaciones extranjeras», escribió la procuradora general, Sarah Harris en la presentación judicial.
