Ley electoral

Yolanda Díaz, que es comunista y no lo niega, está empeñada en tumbar la reforma laboral de Rajoy, que creó más de dos millones de puestos de trabajo. Don Mariano dejó hacer y dejó muchas cosas por hacer, pero el saldo más positivo de su mandato al frente del Gobierno de España, es el económico. Nos libró del rescate en contra de la opinión de los expertos. Lo de los expertos es nebuloso, pero así se escribió y no me considero autorizado a desmentirlo porque mis conocimientos de economía, más que menguados son inexistentes. Sucede que en el PSOE, en el Gobierno, en la oposición y en Europa, lo de Díaz asusta. Para mí, que la reforma que demanda más urgencia es la de la ley electoral. Superado el tramo de la transición de Adolfo Suárez y la UCD, Felipe González con abrumadoras mayorías absolutas, la mantuvo intacta. Y Aznar, y Rajoy. La ley electoral en España desprecia el valor del voto del 80 por ciento de los españoles, que a tenor de nuestra influencia en las urnas nos convierte en ciudadanos de segunda, en tanto que los vascos y los catalanes, esos que se quejan tanto, son ciudadanos de primera. El valor del voto de un vasco o un catalán vale cinco veces más que los del resto de los españoles. Nuestro sistema democrático no es simétrico, sino asimétrico, y por ello, la democracia plena no se contempla por ninguna esquina. Eso de un ciudadano, un voto, en España es una quimera. El complejo ante los nacionalismos históricos nos ha privado a los españoles de la elemental igualdad. Como decía Tarradellas, si hay una comunidad histórica en España que sobrevuela a las demás, ésa es Castilla, la Alta y Vieja o la Manchega y Nueva. Vizcaya fue Castilla, y Andalucía, Extremadura, León, La Rioja y una buena parte de Valencia. Castilla es casi sinónimo de España, pero los que no votamos en Cataluña o las provincias vascongadas, nos sentimos de rango inferior en todas las convocatorias electorales.

He revisado una de las últimas encuestas. El PP adelanta al PSOE y queda como tercera fuerza Vox. Para obtener 129 escaños, el PP necesita el 28,9 por ciento de los votos de los españoles. El PSOE, para 99 escaños, el 25,5, y Vox para 47 escaños, el 15 por ciento. Ciudadanos, con un 3,1 por ciento obtendría un escaño. Con el mismo porcentaje, ERC ganaría 12 escaños. Con un 2 por ciento, los de Puigdemont lograrían 8, con un 1,9 por ciento, el PNV 7, y los etarras de Bildu, con similar porcentaje otros 7 escaños. Estos datos demuestran la asimetría e injusticia de nuestro sistema electoral, que no establece la igualdad de influencia en las urnas de todos los ciudadanos. Se puede llamar «democracia», pero en mi opinión, se trata de una «democracia caprichosa y sesgada». Mi voto, y escribo desde la libertad individual, vale cinco veces menos que el de un delincuente separatista catalán o un terrorista de la ETA. Por ello, y lamentándolo mucho, llego a la conclusión de que mi voto tiene un valor ínfimo, en tanto que el de Arnaldo Otegui o el de Junqueras, alcanza una valoración máxima. El voto de un español de Zamora no obtiene la misma influencia en el recuento que el de un español de Guipúzcoa o de Gerona, a pesar de que muchos ciudadanos de Guipúzcoa o de Gerona obtienen ese premio, ese plus, por no querer ser españoles. Gracias a esa democracia asimétrica e injusta, Sánchez puede gobernar España con el apoyo de los que la han regado de sangre inocente y los que han atentado contra ella –y contra todos nosotros–, derrochando el dinero público que nace de los impuestos que pagamos todos los españoles.

La reforma de la ley electoral es mucho más urgente que las barbaridades económicas que pretende imponernos el tucán del comunismo. Es poco lo que pido. Que mi voto valga lo mismo que el de «Josu Ternera».