Por qué Griñán no debe ser indultado

José Antonio Griñán Martínez, hijo y sobrino de servidores del Gobierno de Franco, abogado y luego inspector de trabajo por oposición, tiene 76 años y una ilustre carrera política a sus espaldas. Fue consejero de Salud de Andalucía; ministro de Felipe González en dos carteras, Sanidad y Trabajo; consejero de Economía de la Junta desde 2004 a 2009; vicepresidente con Chaves y, finalmente, presidente andaluz entre 2009 y 2013.

Además ha sido senador, diputado y presidente del PSOE. Es decir, por preparación y experiencia tenía y tiene sobrado conocimiento sobre lo que se puede hacer y no hacer en una administración pública. Y para su desgracia, y la de los andaluces, Pepe Griñán hizo lo incorrecto.

Griñán ha sido condenado por el Supremo a 6 años de cárcel por malversación de caudales públicos y prevaricación. Está probado que conocía y toleró el tinglado clientelar de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia: 680 millones de euros defraudados de un dinero que debería haber servido para auxiliar a los parados (hablamos de 113.000 millones de pesetas, para que se ubiquen los más veteranos). Además, esa cifra es solo la punta del iceberg, pues siguen pendientes de juicio 133 piezas del caso.

¿Qué hizo el entrañable Pepe Griñán? Pues según da por probado la sentencia del Supremo, conoció y consintió un «descontrol absoluto» en el reparto de los ERE, con un «papel protagónico». «Permitió pagos a sabiendas de gravísimas irregularidades». «Se dispuso de los caudales públicos como si fuesen propios». «Se incumplió de forma absoluta el procedimiento establecido por la ley».

¿Y por qué toleraron Griñán y Chaves que se montase el sistema fraudulento que hizo posible el reparto arbitrario e ilegal de millones y millones de ayudas sociolaborales? La respuesta es sencilla: porque ese dinero se utilizaba para comprar paz social para el PSOE de cara a las elecciones. Era una malla clientelar engrasada con fondos públicos, que facilitaba el perpetuo gobierno de los socialistas en Andalucía (e insisto: estamos todavía en la punta del iceberg). Resulta muy revelador que el desmontaje de la red de los ERE haya coincidido con el fin de la hegemonía electoral del PSOE en Andalucía.

Griñán debe ir a la cárcel. Porque ha cometido un delito muy grave y ha sido condenado por ello. Por razones de ejemplaridad. Porque dio cobijo a una corrupción sistémica por intereses partidistas. Porque ni siquiera ha pedido perdón. Porque nunca se ha recuperado el grueso del dinero. Porque si fuese militante de cualquier otro partido político, y no del PSOE, a nadie le pasaría por la cabeza la idea de indultarlo. Y porque si el mayor caso de corrupción de la historia de España no merece una pequeña pena de prisión; entonces, ¿qué es sancionable en este país?

Repasemos los argumentos que esgrimen quienes se han sumado al muy discutible manifiesto a favor del indulto:

–«Es muy mayor». Bueno, Gayoso, presidente de las cajas gallegas, entró en la cárcel de Pontevedra con 85 tacos a cuestas, nueve más, por haber fijado unas prejubilaciones para su cúpula directiva que en realidad eran acordes a lo que se estilaba en su época. Nadie dijo ni pío a su favor, por supuesto, y se pasó largos meses a la sombra.

–«Es una persona buena y honorable». En principio todos lo somos... mientras no se demuestre lo contrario. Pero este argumento jamás ha supuesto un eximente para saltarse la ley y fumarse el castigo por haberla vulnerado.

–«No se llevó dinero». Tampoco quienes reciben pena de cárcel por provocar un accidente al volante tras haberse tomado una copa; o las docenas de políticos condenados por malas prácticas burocráticas tipificadas como delito. No se llevó el dinero a su casa, pero mantuvo intacto desde la presidencia de un Gobierno autonómico un mecanismo para malversar el dinero público y comprar voluntades.

–«Hubo dos votos discrepantes en el Supremo». En efecto, como en tantísimas sentencias. Pero esa circunstancia ni las desprestigia ni las anula. Resulta aberrante ver en el Senado a la ministra de Justicia, la cada vez más agresivamente sectaria Pilar Llop, haciendo ascos a una sentencia del primer tribunal del país. El poder ejecutivo cargando contra el poder judicial para defender a un conmilitón corrupto. Qué vergüenza.

A mí tampoco me cae mal Griñán, con sus conocimientos de cine, su pasión por el Atleti y su mirada triste de can noble abatido. Me gustaría que no hubiese delinquido y se hubiese ahorrado la cárcel, por supuesto. Pero no ha sido el caso y la cruda verdad es que el único móvil que impulsa su indulto es que forma parte del cada vez más intocable régimen «progresista». Seamos claros: si con los mismos delitos a cuestas llega a ser del PP o de Vox, todos los que ahora firman manifiestos en su favor estarían clamando a coro por una «pena ejemplar». Al final este debate se reduce a lo de siempre: el doble rasero y la bula de la izquierda.