Pam Rodríguez

Pam Rodríguez es una señora que no pasa hambre pero habla como si estuviera famélica de Justicia por media humanidad, la femenina, y de momento se la cobra ella sola: su sueldo es de 119.566,08 euros anuales, a los que habrá que sumar las dietas, el chófer, los gastos de representación, el coche oficial y esa miríada de privilegios que comporta un cargo al que llegó sin haber trabajado nunca en algo parecido a la vida real.

Toda su experiencia se limita a haber asesorado al Ayuntamiento de Parla, uno de los más endeudados de España, y al Congreso de los Diputados, en el que desembarcó en 2015, con apenas 26 añitos y la misma trayectoria laboral que un vendedor de helados en el Ártico.

Ese encomiable bagaje le permitió acceder a un puesto en el Ministerio de Igualdad, dirigido por otra preclara trabajadora con seis meses de épica labor de cajera en un supermercado, que ya es medio año más que buena parte de sus colaboradoras, colocadas por ese mismo dedo que en el pasado, para Irene Montero, era el símbolo de la corrupción.

Hechas las presentaciones, doña Pam es la responsable operativa de una ley con la que, básicamente, dan la turra a millones de hombres inocentes y victimizan a millones de mujeres independientes mientras, a la vez, auxilian a los escasos agresores sexuales que se salen de la norma: siempre son demasiados, pero solo se representan a sí mismos.

Entre los beneficiarios de la estúpida ley ya está el asesino del niño de Lardero, a quien acaban de reducirle en dos años la condena previa por matar y violar a una pobre señora: si ya era intolerable que un delincuente cruel pudiera salir de permiso para reincidir, esta vez con un menor de edad, se agotan los epítetos para calificar que, gracias al Gobierno, vaya a volver a casa antes de tiempo.

Como este tal Almeida, que debió entrar en una celda cuya llave fuera arrojada al mar con una pena de prisión permanente revisable que también querían derogar; hay ya otros 200.

Y la cifra sigue subiendo, pues los beneficios de la legislación impulsada a pachas por el PSOE y Podemos llegarán a un porcentaje nada irrelevante de los 3.000 delincuentes sexuales que cada año son detectados en España. Todo gracias a Pam, Irene, Isa y otras taradas del montón.

Tenemos, pues, el Gobierno con más ministerios de Europa, plagado de indocumentados sin oficio previo conocido, pagados con sueldo de multinacional y concentrados en coaccionar a una sociedad repleta de buenas personas para, al mismo tiempo, ayudar a sus garbanzos negros: etarras, golpistas, corruptos y violadores son los receptores de las dádivas de la misma recua de incompetentes que, a la vez, se forra los bolsillos y criminaliza a la gente de bien, cargándole todo tipo de pecados inexistentes, de inclinaciones falsas y de intenciones perversas.

Aquí todos somos ya racistas, homófobos, machistas o franquistas, o tal vez todo ello a la vez; pese a la evidencia de que España es un país tolerante cuyos ciudadanos se dedican a sobrevivir sin molestar, esperando todo lo más que no les molesten demasiado.

Pero los pocos que sí son asesinos, pederastas, terroristas, golpistas o chorizos tienen bula sanchista y sus casos son narrados, entre carcajadas, por las gaznápiras analfabetas que han pasado de encerrarse en una tienda de campaña sin ventilación en el 15M a un despacho con moqueta en la Administración Pública.

Pam Rodríguez, hambrienta de justicia y partisana contra el rodillo heteropatriarcal, no es una anécdota: es la norma de un Gobierno que, cuando ve un secuestro, dispara a los rehenes y echa la culpa a la Policía, a los jueces y a la prensa por no sumarse a la fiesta.