La investidura

El Rey ha cumplido perfectamente su función constitucional de proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno después de las elecciones generales. No ha gustado su decisión a quienes pretendían precipitada y atolondradamente, que habían ganado las elecciones. Ante la incertidumbre acerca de que alguno de los dos principales candidatos tenga el apoyo suficiente, el Monarca se ha inclinado, con toda la razón, por el candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo. En el caso de que no lo consiga, puede proponer al segundo candidato más votado, Pedro Sánchez. En el caso de que tampoco lo logre queda la alternativa de comenzar otra ronda de conversaciones o convocar nuevas elecciones.

Todo esto es claro y evidente, pero algunos se empeñan en retorcer la Constitución y el buen sentido. Desde las filas de Podemos argumentan que el Rey carece de esa competencia ya que su decisión debe ser refrendada por la presidenta del Congreso, pero tergiversan la naturaleza del refrendo. Refrendar es, según dos de las acepciones del Diccionario de la Real Academia, autorizar un documento firmándolo o corroborar algo afirmándolo. El refrendo es obligatorio. En caso contrario, el Rey podría negarse a refrendar una ley aprobada por el Congreso. Si la Constitución hubiera pretendido otra cosa, lo habría establecido. Lo que, en el fondo, les molesta es que el primer candidato propuesto no haya sido el suyo que, además de ser el segundo más votado, no cuenta, al menos de momento, con los apoyos suficientes. Tan cierto es que el resultado electoral del PP no ha sido el que esperaba como que ha superado con claridad al PSOE. Además, Vox ha obtenido más escaños que Sumar. La pretendida soledad del PP es un argumento inane. Cuenta con el apoyo para la investidura de Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Feijóo solo necesitaría los votos del PNV, por otra parte, improbables, para alcanzar la investidura. Queda en evidencia el carácter políticamente perverso de la pretensión del «cordón sanitario» que no significa otra cosa que la exclusión de la derecha de la vida pública y proclamar que la democracia es de izquierdas.

Quienes persiguen la deslegitimación de la derecha solo pueden contemplar con amargura la decisión de Felipe VI y se empeñan en enredar y tergiversar la realidad. Solo el fracaso de Feijóo podría permitirles mantener el Gobierno, en esta ocasión con el apoyo necesario de Junts, partido separatista, golpista y con su primer dirigente prófugo de la Justicia. Que el Gobierno de España pueda quedar en manos de los separatistas es un disparate cuya responsabilidad última incumbe a los dos grandes partidos que durante décadas no han hecho nada para evitarlo.

Es muy necesario también rechazar la generalización que se comete cuando se habla de «los vascos» o «los catalanes», para referirse en realidad solo a una parte de ellos, a la parte nacionalista. Aunque sea cierto que esas comunidades sufren ciertos rasgos de patología social. Esto me recuerda lo que contestó un escritor inglés a alguien que se le preguntó a su llegada de un viaje por el Continente, su opinión sobre los franceses. «No sé; no he conocido a todos».

Por otra parte, el Rey podría perfectamente no proponer a Sánchez como candidato a la investidura, ya que algunos de sus apoyos imprescindibles, como Bildu, ERC y el BNG, se han negado a visitarle y desconoce de primera mano sus intenciones. Pero, sobre todo, porque esos apoyos aspiran a destruir la unidad de España, simbolizada por el Rey y en la que se asienta la propia Constitución. El Gobierno de la Nación no puede gobernar gracias al apoyo y a las concesiones obtenidas por separatistas y golpistas. Otra cosa es que esta eventual decisión real sea prudente o no, pero, sin duda, sería perfectamente legítima.