No son jarrones chinos

Tiene Aznar el defecto o la virtud de sacar de quicio a sus adversarios políticos. Tanto a los que son o se sienten de izquierdas como a los que han militado o militan en las filas de su propio partido, que de todo hay. Lo sabe, por eso lo usa, de cuando en cuando, como altavoz.

En la inauguración del Campus FAES, ha llamado a la rebelión de la sociedad española contra la involución democrática y constitucional que exigen los independentistas y jalea la vicepresidenta del Gobierno que corteja a Puigdemont. Dijo lo que quería decir, puesto que leía el discurso, sólo hay que observar la grabación para confirmar que tuvo buen cuidado de no improvisar. Dijo ni más ni menos que lo que vienen advirtiendo desde hace días Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Jordi Sevilla, García Page o Joaquín Almunia. Tal vez, los históricos socialistas no hayan convocado una manifestación, pero sus argumentos difieren bien poco de los que ha empleado Aznar. La sobreactuada reacción del Gobierno apunta que los temores de uno y otros no son infundados.

Le acusa Isabel Rodríguez de alentar un alzamiento nacional. Ya hizo lo propio, en un fin de semana aciago, el posterior a los atentados del 11-M, Pedro Almodóvar. La diferencia es que entonces era un director de cine el que fabulaba –como el tiempo ha demostrado– y hoy es el Gobierno de España quien señala a un ciudadano privado. Las multas no han disuadido a la ministra de usar la sala de prensa de una institución pública en favor de intereses particulares o de partido. Su osadía y desparpajo todavía no han encontrado límite. Que la secunde Junqueras haciéndose el demócrata, condenado por el Tribunal Supremo por suspender los derechos y garantías de los ciudadanos, ya sería de risa si no tuviéramos asuntos tan relevantes entre manos.

Sin embargo, el dedo no puede distraernos de mirar a la luna: nos estamos jugando la legalidad y, por tanto, la libertad. Aznar y González, antaño encarnizados adversarios, coinciden en su diagnóstico: una amnistía rompería el principio de igualdad, derecho fundamental de todos los españoles. El referéndum que reclaman, en puja por ver quién llega más lejos, ERC y Junts, finiquita la soberanía nacional y nos convierte a la mayoría de españoles en extranjeros en una parte de nuestro país. Su opinión, como presidentes que han sido de España, es posiblemente más cualificada que la del resto y, por tanto, no sólo es bienvenida, sino que se hace necesaria.