Protestas: hay que organizarse, y ya

En una situación política normal lo óptimo, lo natural, es expresar tus preferencias mediante el voto. Pero desgraciadamente, España no vive hoy una situación política normal.

La asociación mayoritaria de jueces ha señalado que la amnistía es «el principio del fin» de nuestra democracia. El expresidente Aznar concuerda y añade que «estamos en una crisis constitucional extraordinariamente grave». El expresidente González, el dirigente vivo más significativo del PSOE, ha recordado al actual líder de su partido que «no vale todo para gobernar» y ha rechazado la amnistía en los más rotundos términos. Ocho magistrados del Consejo del Poder Judicial, insignes juristas, han acusado al jefe del PSOE de convertir «en una quimera» la «seguridad jurídica y la independencia de los tribunales».

El propio Felipe VI, en su discurso en la jura de la Princesa, recordó que «la observancia de la ley, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y, por ello, la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos». Si eso es así, hoy la democracia representativa y nuestros derechos y libertades están en claro peligro. Las leyes se cambian arbitrariamente según los intereses de un político que ha incumplido su palabra. La separación de poderes está comprometida por su interferencia en el ámbito judicial. Y el Estado de derecho se convierte en un churro si aquellos que hicieron cumplir la ley deben pedir perdón a los delincuentes y amnistiarlos (además sin que ellos se comprometan a nada cambio).

El candidato socialista derrotado en las elecciones ha aceptado subvertir el orden constitucional para mantenerse en el poder de la mano de los partidos separatistas. Ha incumplido lo que él mismo decía dos días antes de los comicios, por la única razón de que se ha quedado corto de votos. Pero al haber controlado el Tribunal Constitucional con magistrados directamente designados por él, incluidos un exministro y una jurista salida de la Moncloa, todas sus ilegalidades cobrarán carta de legalidad. Es decir: es muy difícil frenar a Sánchez, pues está haciendo lo que en su día hizo Hugo Chávez en Venezuela, ir desmontando la democracia desde dentro mediante el control de los tribunales.

Las cesiones a los separatistas catalanes consagran que los españoles dejarán de ser iguales ante la ley. Los habrá de primera –catalanes y vascos– y de segunda, el resto. Para comprar los votos separatistas, Sánchez hará además unas concesiones económicas a Cataluña que suponen una afrenta para las demás regiones. Como en un bromazo macabro, el resto de los españoles seremos forzados a pagar el pufo insondable generado por las aventuras manirrotas del separatismo catalán.

El problema es que una vez que Sánchez ha ocupado el TC y ha desoído la norma no escrita de que en España gobierna el más votado; no hay manera de frenar por las vías de la política institucional la operación contra la democracia española en que está inmerso. No queda otra por tanto que ejercer el legítimo derecho a la protesta, salir a la calle a manifestarse y expresar opiniones críticas en los medios de comunicación y en todo tipo de foros públicos. Una vía para embridar a Sánchez es que llegue a las capitales de Occidente -léase Washington y Bruselas- el mensaje de que la mayoría de los españoles están preocupados y temen que un aprendiz autócrata les robe su democracia.

La izquierda es maestra en mover la calle, porque llegado el caso actúa como un ejército (véase lo que programó el PSOE tras el atentado de los trenes). Pero a la derecha le cuesta más, porque cree más en las libertades individuales y menos en los colectivos sumisos que avanzan a toque de trompeta. Pero dada la situación de extrema gravedad que vive España –la jornada del viernes fue infame–, los que están por la unidad nacional y la Constitución tienen que aprender de la izquierda y salir a la calle masivamente. En la Puerta del Sol caben unas 20.000 personas. En mayo de 2015 la llenaron los manifestantes del movimiento 15-M, que luego acamparon allí. Esa protesta, que para nada era tan masiva como aparecía en las vistosas imágenes, acabó dando la vuelta al mundo. Hasta la prensa y televisiones de Estados Unidos dedicaron titulares a los «indignados» españoles. Fue un ejemplo de la capacidad de la izquierda para la propaganda. También el separatismo supo aprovechar con éxito el altavoz de las manifestaciones de la Diada.

Las plataformas a favor de la Constitución y la unidad de España y PP y Vox -cada uno por su cuenta- han comenzado a salir a la calle y ya se han dejado notar. Un gesto en la buena dirección que se agradece. Pero es insuficiente. Faltan claramente coordinación, unión y ambición. Las manifestaciones deben ser convocadas por una plataforma amplia que una a todos en defensa de nuestro país y nuestras libertades y derechos. Han de ser sistemáticas en las principales capitales de provincia. Tienen que incluir también algunas pancartas en inglés, donde se grite al mundo que «Nos están robando nuestra democracia». Y deben empezar ya (la próxima en Madrid se anuncia para el día 18, tardísimo).

Este mismo fin de semana las plazas más emblemáticas de las principales ciudades españolas deberían llenarse con la presencia de los españoles que no queremos que un oportunista sin principios y con ramalazo de autócrata destroce nuestras leyes y nuestro país. Hay que organizarse, y hay que hacerlo ya. Feijóo y Abascal deben hablar, tener alturas de miras y coordinarse. Las plataformas cívicas de toda índole deben sumarse y animar al público. Y los españoles de a pie tenemos que pasar del lamento a la protesta. O eso, o nos quedamos suspirando mientras Sánchez vende nuestro país a cachos en el mostrador de Puigdemont y Junqueras.