A los ultrajados

A los que han luchado por el constitucionalismo dentro de Cataluña cuando los grandes partidos cedían para gobernar en Madrid.

A los que denunciaron el 3 por ciento y toda la corrupción sistémica de los nacionalistas mientras eran víctimas del silencio de los poderes públicos en España.

A los padres del niño de Canet y a los padres de tantos niños que luchan porque a sus hijos les impartan las clases en su idioma natal, la segunda lengua del mundo.

A los chicos de S’ha Acabat, a los que los separatistas han acosado, insultado y atacado, hasta terminar en urgencias, para defendernos a todos empezando por nuestra libertad.

A los funcionarios del Estado que fueron enviados a Cataluña para combatir el golpe de Estado de octubre de 2017 sin más pertrecho que su patriotismo y su vocación de servicio público.

A la letrada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que tuvo que salir el 20 de septiembre de 2017 de la Consejería de Economía separatista por una azotea tras escalar un muro y llegar así al Teatro Coliseum, para evitar la agresión de los radicales.

A los policías a los que humillaron llamándolos piolines mientras defendían con su vida nuestra democracia.

A los agentes que protegieron la comisaría de Via Laietana, a todos los que pusieron en riesgo su vida como Iván, de nombre clave «Raya 32», que con 41 años recibió el golpe de una piedra o de una maceta desde una de las ventanas de una azotea, herida que le mandó a la UCI con un coma inducido.

Al Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy que aprobó la aplicación del artículo 155 que intervino la autonomía catalana, disolvió el Parlamento sedicioso y paralizó la compra de armamento cursada por Puigdemont en pleno proceso soberanista destinada a los Mossos, entre los que había «armas de guerra» y «municiones especiales», habituales en un ejército profesional pero inconcebibles en una policía europea.

A Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales, que, junto al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y un grupo de altos servidores del Estado aplicaron sobre el terreno el artículo 155 para devolver la legalidad constitucional al territorio catalán.

Al burgalés Pablo Llarena Conde, infatigable para encarcelar a Puigdemont, el valeroso juez que tuvo que ser sacado una noche junto a su familia de Barcelona atravesando carreteras secundarias para evitar que fuera agredido, tras haber sido insultado y escrachado en su propia vivienda donde le pintaron advertencias como «Llarena, los países catalanes serán tu infierno».

Al magistrado del Supremo Manuel Marchena, que presidió el tribunal que condenó con la Constitución y el Código Penal en la mano los delitos cometidos por un grupo de políticos separatistas que proclamaron la república independiente de Cataluña.

Al juez Manuel García-Castellón, que persigue por terrorismo a los radicales de Tsanami y los CDR, que sembraron de violencia las calles catalanas, y que ha imputado a Puigdemont y Marta Rovira, pese a la maniobra escapista de la Fiscalía.

A la juez Carmen Lamela, que envió a la cárcel a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carmen Forcadell y otros dirigentes soberanistas y que está en el punto de mira del lawfare, con las comisiones de investigación caraqueñas que ha aprobado Pedro Sánchez.

A José Manuel Maza, el fiscal general del Estado que murió prematuramente sin haber concluido su gran obra, la defensa del interés general frente al golpe de los separatistas.

Al fiscal De la Rosa, que comunicó las acusaciones de rebelión y sedición contra los líderes del procés, además de señalar al abogado Gonzalo Boye, imputado por blanquear dinero del narcotráfico.

A los fiscales de Sala Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que ejercieron la acusación pública en el juicio del procés y que construyeron un documento de acusación impecable, una suerte de alegato histórico en defensa de nuestro Estado de derecho.

A Diego Pérez de los Cobos, el coronel que fue encargado de coordinar el operativo de Policía Nacional, Guardia Civil y policía autonómica para impedir la insurrección, y que fue castigado por el ministro de Interior sanchista, Grande-Marlaska, que nunca le perdonó su patriotismo y servicio al Estado.

Al Rey Felipe VI, que nos representó a todos y cumplió con su misión constitucional de proteger la unidad de España y nuestras libertades consagradas en la Constitución.

A todos ellos, a los olvidados y ultrajados por parte de quien tenía obligación de defenderlos y que mañana volverá a ser elegido presidente, gracias.