Siempre nos quedará un García-Castellón
Ni el Tribunal Constitucional, ni por supuesto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pueden avalar una ley de impunidad como la que Sánchez ha negociado con sus socios en tanto Puigdemont sea acusado por terrorismo
El juez instructor del caso Tsunami Democràtic complica desde su independencia jurisdiccional la amnistía a Puigdemont y el diario «sanchista» de la mañana le señala por ello. «El juez Castellón maniobra para anular el blindaje de Puigdemont», titula.
A la valoración jurídica de un delito, de acuerdo con el Código Penal, el medio más alineado con Sánchez y Frankenstein lo considera una maniobra, expresión con la que sugiere que García-Castellón ejerce la acción judicial desde supuestos de inspiración política para fastidiar los planes del Gobierno y sus socios.
No es el único medio informativo del amplio y nutrido «equipo olímpico de opinión sincronizada a favor del Gobierno» que en línea con algunos ministros-as como la sectaria vicepresidenta ecocomunista Teresa Ribera han lanzado insidias contra el magistrado de la Audiencia Nacional por concluir que en Urquinaona y Via Laietana, durante los graves incidentes de 2019, se violaron los derechos humanos de dos policías agredidos salvajemente con consecuencias físicas que les obligaron a jubilarse y que Puigdemont no movió un dedo para frenar las protestas que incendiaron Barcelona a pesar de admitir que podría haber muertos.
Estas, entre otras, son las razones jurídicas que el magistrado argumenta para advertir que la amnistía no puede aplicársele al prófugo de Waterloo y a otros procesados por los graves incidentes referidos.
Nunca ha estado blindada la amnistía de Puigdemont por más titulares de parte publicados por los medios afectos y enmiendas aportadas a la infame ley de impunidad que redacta el delincuente a su medida con la connivencia del PSOE.
En opinión de juristas de acreditado y reconocido prestigio el paripé de Sánchez con Puigdemont para garantizarle a cambio de sus votos, borrón y cuenta nueva, mediante la aprobación de enmiendas de difícil digestión jurídica, es papel mojado. Puigdemont no tiene garantizada su impunidad mientras haya jueces como García-Castellón y tribunales como el de la Unión Europea.
«Gracita Bolaños», por más que se esfuerce ridículamente por diferenciar el terrorismo entre bueno y malo, está abocado a enfrentarse con la realidad de una tipificación aceptada e incorporada por la legislación de todos los países de la Unión Europea, que no deja lugar a dudas sobre los supuestos delictivos incluidos como terrorismo. Y ninguno de esos supuestos exonera al delincuente golpista de Bruselas de las acusaciones del juez García-Castellón para ser amnistiado.
Esto no lo soluciona Sánchez sólo con pastelear y aprobar con su mayoría Frankenstein una proposición de ley que satisfaga la peripecia personal del delincuente huido con el fin de evitar que responda de sus delitos ante la justicia.
Por encima de las enmiendas acordadas de PSOE y Junts siempre prevalecerá el artículo único de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que incluye todos los supuestos sobre terrorismo referidos a las organizaciones, grupos y delitos en sus siete apartados y algunos no dejan lugar a la duda sobre el papel presuntamente delictivo de Puigdemont en los hechos terroristas instruidos por el magistrado García- Castellón.
Ni el Tribunal Constitucional, ni por supuesto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pueden avalar una ley de impunidad como la que Sánchez ha negociado con sus socios en tanto Puigdemont sea acusado por terrorismo.
El primero, dada su composición de evidente mayoría de obediencia «sanchista», con Conde Pumpido a la cabeza, dudo como tantos otros que ponga en cuestión la constitucionalidad de la amnistía e incluso que no termine bendiciéndola. Del Tribunal Europeo espero y confío, sin embargo, que utilice la cuestión prejudicial que le presenten para devolver a los corrales la proposición de impunidad; obligar indirectamente al prófugo de Bruselas a sentarse en un banquillo como señala el auto de García-Castellón y criticar la arbitrariedad de un Gobierno decidido a atacar la independencia de los jueces cuando estos comprometen sus planes con decisiones jurídicas que no son de su agrado.
De momento hay partido, a la espera de conocer si todavía le queda a Sánchez algún conejo por extraer de esa chistera de infamias inagotables antes de la aprobación en el Congreso de la amnistía la próxima semana; eso sí, ya sin posibilidad de negociar y redactar nuevas enmiendas que pudieran desactivar la acción de la justicia contra quien le mantiene en la Moncloa desde Waterloo.
