Jueces y periodistas: la resistencia al cacique Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido una demanda de El Debate que, en estos tiempos de cólera sanchista contra la prensa de siempre, que prefiere dar noticias que masajes, es crucial para defender el derecho a la información, ejercido por los medios de comunicación tras delegación constitucional de los ciudadanos, propietarios del mismo.

Se trata de un caso definitorio de la escalada liberticida de un Gobierno que aspira a la inmunidad y a la impunidad propia y a la criminalización ajena, en la línea de los peores regímenes del planeta: no les basta con hacer lo que les da la gana, por torticero, ilegal y abusivo que sea. Además, necesitan que no haya testigos incómodos ni contrapesos eficaces.

Yolanda Díaz, que es vicepresidenta de la Nada y ministra de Trabajo Ficticio, lleva años viajando por el mundo con excusas tan peregrinas como la de «ensanchar la democracia», que en realidad son coartadas para engordar su agenda de contactos populistas, casi todos de esa coalición nefanda que responde por el Grupo de Puebla.

Dar cuentas de sus gastos en desplazamientos, hoteles, comidas o dietas debiera ser una obligación rutinaria, asumida voluntariamente y publicada por sistema, que la jefa de Sumar ha desechado, incluso cuando el Consejo de Transparencia la ha instado a hacerlo, en reiteradas resoluciones a favor de este periódico, de carácter vinculante, que ella ha incumplido sistemáticamente.

Recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que éste acepte la demanda ya es, en sí mismo, un varapalo para la dirigente que pontifica sobre el sueldo de los demás, los horarios de los bares, las ganancias de los empresarios o la moda que debe vestirse, entre otras injerencias caprichosas típicas de la sentina ideológica de un comunista.

Lo que exige o impone a los demás se convierte, como en el caso de Sánchez, en una indulgencia total consigo misma, hasta el punto de despreciar las instrucciones legales que le recuerdan sus obligaciones y convertir en una conspiración, de la prensa y la judicatura fascistas, lo que es el simple ejercicio de sus respectivas funciones en un Estado de derecho decente.

El Debate no solo ha logrado desmontar la burda estrategia oscurantista de un miembro del Gobierno, sino anular la «máquina del fango» que ha puesto a funcionar Pedro Sánchez de la única manera posible: demostrando que, frente a acusaciones falsas emanadas desde el Ejecutivo, lo que las hace especialmente graves; amplificadas por sus altavoces subvencionados; hay un camino inmaculado para ejercer el periodismo desde el derecho, en una alianza imprescindible para replicar al ruido con hechos y documentos.

Lo sustantivo de la época que nos ha tocado vivir, a diferencia de otras, es que la sociedad dispone de un entramado jurídico, cultural e institucional suficientemente sólido como para replicar las tentaciones autoritarias de políticos como Sánchez, capaces de cometer las mayores tropelías en nombre de la democracia y servirse de ella para esconderlas y acusar a quienes conocen y defienden el legado constitucional en vigor desde 1978.

Más allá del bochorno que produce ver a un presidente desbordado por la ira, derivada de las contundentes sospechas que recaen sobre su esposa; o a una vicepresidenta supuestamente empoderada por «otra manera de hacer política» escondiendo lo que se gasta en practicarla; lo realmente relevante es constatar que hay mecanismos para difundir y denunciar el abuso y para defenderse de él.

Una lección que bien podría aprender la oposición, por cierto: con la mitad de energía que vienen desplegando los tribunales decentes y la prensa seria, este emperador desnudo estaría ya hace tiempo en el lugar que le reserva la historia: quería ser una leyenda y lo ha logrado, aunque sea negra.