Si Sánchez asalta también la Justicia, adiós democracia

Solo un dictador intenta acumular los tres poderes definitorios de una democracia y eso es lo que Sánchez puede lograr si culmina su ansiado asalto a la Justicia, a la que lleva acosando desde hace ya seis años.

Es cierto que el Poder Judicial debe ser renovado cada cinco años, pero esa anomalía es el reflejo del hostigamiento a la democracia de Sánchez, y no de la resistencia de los jueces a adecuarse al precepto constitucional. Lo que el alocado autócrata presenta como un indicio del «golpe judicial» es, en realidad, una prueba de cargo contra su deriva autoritaria, sin parangón en Occidente.

Para empezar, la renovación del Poder Judicial no es competencia del PP, ni del PSOE, sino del Congreso de los Diputados, cuyo presidente puede iniciar los trámites en cualquier momento: la ceremonia de confusión que a este respecto encabeza Sánchez, echándole la culpa a un partido de algo que dependía antes de Meritxell Batet y ahora de Francina Armengol, delata ya de entrada sus intenciones.

Lo cierto es que el bloqueo del GCPJ es un acto necesario de defensa numantina contra un sátrapa indisimulado que necesita doblegar la Justicia para legalizar sus excesos inconstitucionales, dándoles una apariencia de decencia inexistente por el método de convertirse él mismo, a través de interpuestos, en juez y parte.

Lo ha hecho con el Tribunal Constitucional y con la Fiscalía General del Estado, convertidos en la trastienda de Moncloa y Ferraz con una indisimulada pléyade de ministros y asesores que conculcan el espíritu y la estética exigibles para el cargo y han dado sobradas muestras de su obediencia ciega al patrón.

Y lo quiere hacer con el Poder Judicial, cuyo bloqueo solo va acompañado por una paralización de sus funciones y nombramientos por una reforma caciquil que, en síntesis, lo maniató a la espera de su rendición incondicional.

Querer ahora cambiar las mayorías constitucionales previstas, que obligan a unos consensos más amplios que los que cualquier partido pueda lograr para conformar Gobierno para garantizar un acuerdo con la oposición, es un acto por tanto antidemocrático al que hay que resistirse como gato panza arriba, con la certeza absoluta que de ello depende la integridad del propio sistema democrático.

Ningún partido puede estar del todo orgulloso de sus intromisiones en el sistema judicial, pero solo el PSOE se ha atrevido a llevar la invasión hasta extremos estructurales: no busca influir en decisiones puntuales de su interés; sino subordinar las estructuras jurídicas del Estado a un plan perverso que incluye la rendición ante el separatismo, la modificación de la Constitución y la persecución de toda disidencia.

Nada impediría anteponer a la renovación la reforma legal que reduzca la participación de los partidos en la elección de los vocales y priorice la de los propios jueces, y ésa sería la postura del PSOE si no tuviera Sánchez un plan mucho más siniestro en mente, que es hacer del Poder Judicial lo mismo que del CIS, RTVE o el mismísimo Tribunal Constitucional.

Europa no parece un aliado para frenar esta ofensiva liberticida contra la Justicia y la Prensa, viendo su tibia réplica a abusos pasados y su sorprendente generosidad económica con un presidente bastante más peligroso que los de Hungría o Polonia, sancionados por mucho menos.

Así que tendrán que ser los propios jueces, las instituciones decentes, una oposición más espabilada y la propia ciudadanía quienes frenen, poniendo el grito el cielo, el penúltimo episodio del autogolpe que perpetra en directo un César de saldo dispuesto a hacer lo que sea necesario para perpetuarse.