La cirugía milimétrica del TC con la corrupción

Una de las manifestaciones más evidentes de la deriva de España hacia el totalitarismo es el asalto del sanchismo a todas las instituciones. En esta hora está resultando muy evidente cómo se aplica en el Tribunal Constitucional que ya es, en la práctica, una corte de apelación para las sentencias del Supremo, que en esta hora no pasa de ser un tribunal supremo en el nombre, que no en la efectividad de sus sentencias. Aunque yo no creo que esa política del sanchismo se haya impuesto en el Consejo General del Poder Judicial donde el PSOE no ha tenido más remedio que renunciar a la victoria que creía tener en la mano. El resultado se acerca mucho más a lo que quería la oposición que a lo que quería el sanchismo. Y el aval de la Comisión Europea es clave en el resultado.

En los últimos días estamos viendo el desmontaje de las condenas por la mayor causa de corrupción de la democracia española. La causa de los ERE llevó a la condena de la cúpula de la Junta de Andalucía en las administraciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Durante sus Gobiernos se gastaron 680 millones de euros en pensiones y subsidios indebidos a gentes del entorno del PSOE. Miles de personas que, lógicamente, garantizaban su voto al PSOE para poder seguir viviendo del cuento.

Este escándalo es mucho más que un caso de corrupción andaluz. Es un referente de la corrupción socialista en toda España. Porque no olvidemos que Chaves y Griñán, además de presidir la Junta de Andalucía fueron ministros del Gobierno de la nación con Felipe González en el caso de Griñán y con González y Rodríguez Zapatero en el caso de Chaves. A lo que hay que añadir que ambos han sido presidentes del PSOE, con Rodríguez Zapatero como secretario general del partido en el caso de Chaves, y con Alfredo Pérez Rubalcaba en el de Griñán. Así que éste es un caso que afecta al PSOE en sus entrañas. Los dos condenados más relevantes han tenido responsabilidades en el Gobierno de la nación con dos de los tres presidentes del Gobierno que ha aportado el PSOE a esa magistratura. Y del tercero, con el que no han trabajado ninguno de ellos, los casos de corrupción ya los vemos a diario en la prensa libre.

Esta utilización de la Justicia al servicio de un partido político y de sus condenados resulta muy zafia a primera vista, aunque no lo es tanto cuando se mira con detalle. Sí, casi todo el mundo se escandaliza con estas anulaciones de las condenas. Pero la impudicia de los redactores de la nulidad de las condenas podría ser todavía mayor. Se está anulando las penas con una precisión casi milimétrica, haciendo que la parte ya cumplida de esas penas coincida casi exactamente con la parte de las condenas que no se anula.

¿Qué ventaja tiene esa precisión sentenciadora? Pues evitar que los perdonados puedan encima reclamar indemnizaciones. Si a Carmen Martínez Aguayo le anulasen sus seis años de prisión de los que lleva cumplidos casi dos, ahora ya en tercer grado, tendría derecho a una indemnización de unos 18.000 euros. Que tampoco es una cifra escandalosa. La indemnización por día en prisión indebidamente vivido, por ejemplo, la que se da en los casos de prisión preventiva y posterior absolución del encarcelado, son 25 euros diarios. Para una prisión injusta, una miseria. Pero que un perdón politizado como el del caso de los ERE encima llevase compensación económica, quizá hubiera sido demasiado incluso para este Gobierno. O no.