Sánchez venía a salvarnos de la corrupción

En mayo de 2018, Pedro Sánchez se presentó ante el Congreso como el adalid de la lucha contra la corrupción, como la solución a un país que había vivido durante años oprimido por un Gobierno malhechor del Partido Popular. Él era el salvador, la piedra a la que agarrarse para escapar de un sinfín de desdichas que, más de seis años después, continúan igual o peor. Si, en 2018, una línea perdida e intencionalmente colocada en una sentencia puso fin al Gobierno de Rajoy, qué no debería haber pasado ya ante tantos episodios vividos en el periodo sanchista.

Ayer la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre al juez Peinado para seguir investigando a la mujer del presidente del Gobierno. La campaña orquestada desde Moncloa de que todo lo publicado eran bulos de la ultraderecha se cae por su propio peso. Ya no pueden alimentar la idea de que se trataba únicamente del empeño personal de un juez de la fachosfera en su intento por derrocar a Sánchez, porque ahora ha sido un tribunal independiente el que ha avalado al magistrado para seguir haciendo su trabajo. Que esto ha sido simple y llanamente lo que ha hecho desde que cogió la causa: su trabajo. Y puede que al final de la investigación no saque nada en claro y no siente a Begoña Gómez en el banquillo, pero la Justicia habrá obrado como debía y no como Sánchez quería.

Aquel mayo de 2018, Sánchez intentó convencer a toda España de que terminaría con la corrupción, pero no mencionó que para ello asfixiaría a los jueces hasta impedir su trabajo. Sin investigación no hay corrupción, debió pensar el ideólogo de un plan diseñado a la medida del nuevo presidente. Para ello, primero había que impedir durante años la renovación del Poder Judicial; después, impulsar a personas afines en el Constitucional y la Fiscalía; y mientras, aprovechar al máximo los recursos públicos para su propio beneficio. Si la Abogacía del Estado presenta una querella en nombre del Pedro Sánchez particular en lugar del Pedro Sánchez presidente, se debe llamar corrupción y malversación de caudales públicos. O lo haría en cualquier lugar en el que se respetara mínimamente el Estado de derecho. En España, se llama «fango» y «bulo de la fachosfera».

Lo que no debió tener en cuenta Sánchez en su hoja de ruta –algo que, imagino, tratará de resolver en su nuevo plan contra la democracia– es que podrá controlar a las máximas instituciones, pero es imposible hacer lo mismo con los puestos intermedios. Un juez que no debe favores, y que se ha ganado su puesto a base de estudio y trabajo, no sucumbe ante el poder y basa sus sentencias en pruebas, no en intereses. Por eso lo que pase con el futuro de Begoña Gómez es imprevisible, porque lo determinará un magistrado que se ha ganado el derecho a seguir haciendo su trabajo, le lleve a donde le lleve. Y, cuando termine, ya se ocupará el séquito del presidente de intentar tirarlo por tierra si ha discurrido por caminos que no le convienen. Si ha borrado un fraude de cientos de millones de euros como el de los ERE, qué no hará con un caso menor de tráfico de influencias.