Un gobierno okupa

¿Para qué necesitamos unos nuevos presupuestos si los que se elaboraron en 2022 eran estupendos? Si ustedes escuchan a los representantes del gobierno aquellos presupuestos eran progresistas, inclusivos y sociales, el no va más de la modernidad. Eran, sobre todo, versátiles: con un par de golpes de melena de María Jesús Montero y dos trucos de ingeniería contable al abrigo del artículo nueve, Sánchez puede pasar de ser el campeón de la lucha contra el cambio climático a convertirse en todo un señor de la guerra por recurrir a la taxonomía acuñada por Ione Belarra. Los fabricantes de relatos de Moncloa aseguran que no es necesario aprobar unos nuevos presupuestos porque los presentes son tan progresistas y tan chulos que nos permiten hacer con ellos mangas y capirotes.

Cuando se está en el lado correcto de la historia- y eso es lo que Pedro Sánchez les dice a sus correligionarios en cada mitin de fin de semana-, uno se puede permitir ciertas licencias como incumplir el artículo 134 de la Constitución que obliga al gobierno a presentar anualmente unos presupuestos. Después de la tabarra que dieron al PP con la obligación de renovar el Consejo del Poder Judicial por mandato constitucional, ahora el gobierno se pasa ese mismo mandato constitucional por el forro de sus caprichos. ¿Presupuestos, para qué? ¿Constitución, para qué?¿Democracia parlamentaria, para qué?

Los presupuestos no son un conjunto de sumas y restas que un contable puede modificar a su antojo, sino la expresión de un programa de gobierno y de una mayoría parlamentaria. Su valor político es tan importante que se incluyeron en el bloque de constitucionalidad, es decir, entre los asuntos sobre los que la Constitución fija doctrina. Es el parlamento quien autoriza al gobierno a repartir el dinero de todos en virtud de un proyecto político que comparten el ejecutivo y su mayoría parlamentaria. Y ese proyecto se renueva anualmente. Al menos hasta que Conde Pumpido meta sus zarpas también en este asunto, la jurisprudencia del Constitucional consagra que el presupuesto es una institución clave en una democracia parlamentaria ya refleja la fiscalización del poder por parte de los representantes de los ciudadanos. En la España de Sánchez ni fiscalización ni gaitas.

La mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez en 2023 no es capaz de aprobar unos presupuestos y por eso el gobierno se resiste a presentarlos y tira con los que aprobó un parlamento que ya no existe. El gobierno y sus socios del Frankenstein están actuando como unos auténticos okupas de las instituciones, no cumplen con sus obligaciones pero están atrincherados para impedir que otros puedan hacerlo. Lo del gasto en defensa es lo de menos, lo de más es que asistimos a la aplicación práctica de aquel anuncio de Pedro Sánchez de que estaba dispuesto a gobernar al margen del parlamento.

Por la vía de los hechos España esta dejando de ser una democracia parlamentaria para constituirse en un régimen presidencialista, del mismo modo que esta dejando de ser un estado autonómico para convertirse en un régimen confederal con ciudadanos de primera y de segunda. ¡Pobre Alfonso Guerra! Tanto cargar con el sambenito de que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió y resulta que es Pedro Sánchez quien está dejando a nuestra democracia completamente irreconocible.