El Tribunal Constitucional

Hablar del Tribunal Constitucional en España es como hablar de la tortilla de patatas, que o bien tiene mucho huevo o bien demasiadas patatas, siendo muy complicado el equilibrio perfecto. La única diferencia es que se denomina también «tortilla española», a diferencia de la «tortilla francesa» que, por mor de la inteligencia de los vecinos del norte, son más sencillas, al ser el único ingrediente los huevos. Evidentemente estoy hablando en sentido sarcástico. En serio, el Tribunal Constitucional es un invento de nuestra Constitución por seguir un triste antecedente histórico de la Segunda República, donde se denominaba Tribunal de Garantías Constitucionales, donde su composición era mucho más variopinta pero estaba igualmente politizado. En ese sentido, se cuestiona por la doctrina si su existencia es útil o, por lo contrario, el modelo de los EE. UU., donde no existe como tal y asumiendo sus competencias el Tribunal Supremo, es más razonable, dentro del equilibrio de poderes de una democracia moderna. Personalmente considero mucho mejor el modelo norteamericano, ya que, llegar al Tribunal Supremo no es nada fácil y se exige un expediente profesional en la Judicatura que aleja, en lo posible, la fuerte dependencia de los partidos y de las ideologías imperantes, por no decir ya, con toda claridad, del Gobierno de turno o de las mayorías parlamentarias. El hecho de que haya sido elegido Conde Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional, es una cuestión que considero baladí, porque lo que realmente importa es que por encima de la separación de poderes se eleve un órgano compuesto por personas con carnet de «progresistas», es decir, de izquierdas, o «conservadores», o sea, de derechas. Ningún tribunal, incluyendo el TC, que no forma parte del Poder Judicial (es bueno recordarlo), debe estar sometido al criterio partidista o sectario, sino solo al imperio de la Ley. Con el nombramiento del presidente más politizado de su historia, el TC ha perdido, bajo mi punto de vista, lo que le quedaba de credibilidad. Un presidente que no solo no oculta su militancia política, aunque no de carnet del PSOE (es incompatible, aunque sea a título formal), sino que que fue fiscal general del Gobierno (no de Estado, en la práctica) de Rodríguez Zapatero, que ha mostrado su perfil jurídico insultando a sus propios compañeros del tribunal siempre que no han compartido sus tesis, en un largo etcétera de anécdotas, es un ejemplo de hasta dónde hemos llevado a este país en su decadente periplo a una república bananera, muy homologable a los tristes países del Tercer Mundo, en lugar de uno moderno y europeo. Para tal resultado, mejor sustituir el actual modelo por otro donde las garantías constitucionales estén protegidas por el más alto tribunal del Poder Judicial, es decir, nuestro Tribunal Supremo. Ya veremos las consecuencias.