El culpable es Sánchez

En un país serio, con un Gobierno presentable, hoy estaríamos viendo una remodelación del Consejo de Ministros; anunciando la anulación de la ley del «solo sí es sí» y escuchándole una sincera disculpa al presidente, amén de un propósito de enmienda para que ni ésta ni ninguna otra norma improvisada tuviera los efectos que todas ellas, desde la del aborto hasta la de eutanasia o la llamada «trans», están teniendo ya o lo van a tener hasta que otro presidente más sensato releve al actual.

Pero lejos de eso, Pedro Sánchez se ha convertido en el paladín de Irene Montero, autora de un despropósito que puede excarcelar o reducir las condenas de miles de agresores sexuales: solo en 2021 se firmaron 3.196 sentencias por este tipo de delitos, y en este preciso momento todos los abogados de los reos ya están estudiando cómo liberar o acortar el cautiverio de sus clientes.

La cobertura que el presidente le da a su ministra de Igualdad obedece a que él mismo es promotor y firmante del engendro, como todos los ministros; y a que no se puede permitir desairar a Podemos en esto, como tampoco lo hace con ERC o Bildu con los indultos, la liberación de terroristas o las previsibles reformas de los delitos de sedición o malversación.

Y si eso ya es grave, resulta escandaloso que en el viaje cómplice tolere además una agresión inconcebible a la Justicia, impulsada por Podemos pero aceptada por el PSOE: el ataque de un partido antisistema a los jueces es incompatible con su presencia en el Gobierno, y supone un desafío institucionalizado, desde el propio Ejecutivo, a la separación de poderes.

Que Sánchez acepta, promociona y hace suyo, demostrando que es un mero rehén de todos sus aliados, inerme ante sus múltiples excesos y dispuesto a admitirlos si por no hacerlo peligra su Presidencia.

En apenas unas horas, cerca de 20 peligrosos delincuentes han salido de prisión ya o se han beneficiado de una ley que nunca debió aprobarse, pues al estropicio que genera en términos de seguridad pública le añade el abuso de criminalizar de antemano al hombre y el exceso de erigirse en tutor de la intimidad de las personas.

Es solo el principio: una vez en marcha, los beneficios que potencialmente concede a violadores, abusadores o pederastas no serán reversibles ya, ni siquiera aunque se reforme de nuevo la legislación. Y no podrán alegar que nadie se lo había advertido, viendo el cúmulo de alertas trasladadas por el Poder Judicial, el PP, Vox o, entre otros, el Consejo de Estado.

Que un Gobierno, por inepcia y sectarismo, legisle con imprudencia y provoque problemas sociales, tiene pocos precedentes. Que no rectifique a continuación, con destituciones o dimisiones fulminantes, es indigno. Y que además ataque con violencia a quienes lo denuncien todo se acerca al totalitarismo.

Todo ello es culpa de Sánchez, que ha convertido el Consejo de Ministros en una jaula con cuotas y suscribe cada uno de los excesos que perpetran sus aliados. Cuando algún violador premiado reincida, ya sabe la ciudadanía a dónde tiene que mirar y quién es el responsable del inmenso dolor. El Ministerio de Igualdad, desde luego, pero solo después del presidente cómplice de sus barbaridades.