¿Cuántos violadores tienen que beneficiarse para que dimita Montero?

Si antes de su entrada en vigor ya se habían advertido de sus funestas consecuencias, en apenas un mes de vigencia los estragos causados por la Ley de Libertad Sexual, bautizada coloquialmente como del 'solo sí es sí', los han confirmado cruelmente.

Casi dos centenares de delincuentes sexuales de la peor especie se han beneficiado ya de las inevitables rebajas penales que, en aplicación del nuevo Código Penal, no les queda más remedio que aplicar casi de oficio a los tribunales, sin que los jueces puedan hacer nada al respecto.

Entre los receptores de la insólita dádiva figura incluso ya un criminal reincidente, Francisco Javier Almeida, condenado por el asesinato con alevosía sexual de una mujer y, además, en prisión preventiva a la espera de juicio por la repugnante muerte de un niño de solo nueve años en Lardero.

De su primera sentencia, gracias al Gobierno, se va ahorrar 24 meses de prisión, un agravio insoportable para la primera víctima que no subsanará la previsible justicia que recibirá la segunda, si acaso no es mancillada con otro fallo beneficioso para el cruel delincuente.

Todo ello es gravísimo, y a la revisión a la baja de los casos del pasado hay que añadirle los que, desde la entrada en vigor de este bochorno, soportará la sociedad española como un goteo incesante en cada uno de los 3.000 juicios que cada año se celebran por delitos sexuales.

La mera aprobación de una ley que provoca efectos contrarios a los que decía querer perseguir ya es suficiente para que, con la dignidad exigible a un cargo público, la ministra de Igualdad dimitiera urgentemente y el Gobierno, cómplice de la tropelía, se rectificara a sí mismo de inmediato.

Pero lejos de estar ocurriendo eso, asistimos incrédulos a una reacción colectiva del Gobierno que, además de no incluir una rápida intervención, señala a todo aquel que denuncie los estragos.

Primero lo hizo con los propios jueces, acusados en falso de auxiliar a los reos por una especie de complicidad machista con ellos. Después a la prensa, a quien se exigió que no contara los casos donde se constatan los privilegios otorgados a los peores delincuentes. Y ahora, incluso, la número dos de Irene Montero frivoliza y se ríe del dato objetivo sobre el número de depredadores sexuales agraciados con su infame regalo legal.

En ningún país serio saldría gratis aprobar una ley, en un asunto tan delicado, que rescata a los delincuentes, agrava el dolor de las víctimas y desprotege al conjunto de la sociedad.

Y tampoco se toleraría que, una vez comprobado el perjuicio, se atacara a quienes se escandalizan y lo denuncian y se bromeara, como ha hecho Ángela Rodríguez, sobre las consecuencias de semejante despropósito.

Quizá es que nadie, salvo España, padece un Gobierno poseído por una mezcla de sectarismo e incompetencia semejantes. Y es ahí donde radica el problema: estamos dejando en manos de inconscientes asuntos cruciales para la convivencia pacífica, el orden social y la seguridad colectiva, en cualquiera de sus formas.

Porque, aunque resulte increíble, lo cierto es que el impulso legislativo de Pedro Sánchez solo está sirviendo para ayudar a violadores, corruptos, terroristas, violadores y criminales a pagar un precio más bajo por sus abyectos delitos.

Si no era ésa su intención, es evidente que sí están siendo sus consecuencias. Y ante esa certeza, mirar para otro lado, insistir en el error y reírse de las víctimas es simplemente indecente.