El difícil papel del Rey

Ha querido el destino que el Rey reciba a Pedro Sánchez, en la segunda ronda de contactos para la investidura, coincidiendo con el sexto aniversario de su discurso del 3 de octubre de 2017, decisivo para frenar el alzamiento en Cataluña, tal y como lo calificó la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Que los protagonistas de aquella ofensiva inconstitucional, parada por el Estado de derecho y encarnado por Felipe VI, sean los favoritos de Sánchez para repetir en un cargo que ya les debe, resume la deriva de un líder desnortado, sin líneas rojas y capaz de incurrir en todo exceso imaginable con tal de alcanzar su objetivo.

Cargarle al Rey la responsabilidad de frenar eso, en lugar de poner el acento en la insólita disposición del presidente en funciones a pactar con los partidos que debería ayudar a aislar, es injusto e improcedente.

Porque entre sus funciones institucionales no figura la de reinterpretar las normas que rigen el sistema parlamentario vigente ni, tampoco, erigirse en obstáculo de un aspirante a la Presidencia capaz de demostrar el apoyo suficiente en el Congreso para presentarse a una investidura y lograrla.

La moderación de las instituciones hay que entenderla como una supervisión del correcto funcionamiento de sus normas, así como de un tutelaje moral, desde la autoridad que tiene la Monarquía, para reforzar los valores constitucionales, la convivencia y la adecuación de todas las decisiones al espíritu fundacional de la Constitución, sustentado en la unidad de España y la igualdad entre españoles.

Quien amenaza esos anclajes no es el Rey Felipe por atender y aplicar las reglas del juego, sino quien las tensiona espuriamente para cumplir técnicamente su letra pero pisotear, de forma sistemática, su espíritu.

Al Rey no le queda más remedio, probablemente, que encargarle la investidura al líder socialista si éste le certifica los apoyos debidos, dejando para más adelante su intervención, y la de todos los poderes democráticos del Estado, si a cambio concreta concesiones incompatibles con la ley.

Y eso no debe frustrar a los españoles. Los tiempos de cada institución no son los mismos, y conocerlos y activarlos en el momento oportuno es la mejor manera de proteger el marco legal del que nos hemos dotado. Don Felipe no puede intervenir en un papel distinto al que tiene y con unas herramientas ficticias de las que no dispone.

Y eso ha de ser perfectamente compatible con fiscalizar, con la discreción debida, la evolución de unos acontecimientos que ya son inquietantes y pueden terminar siendo inaceptables.

Solo hay que recordar aquel discurso y su compromiso con velar por la unidad y la igualdad de España, que es un mandato constitucional que ojalá nunca tenga que poner en liza porque nadie, ni siquiera el temerario Pedro Sánchez, rebasa los anchos márgenes que una democracia como la nuestra ya prevé.