La Justicia señala al FC Barcelona
No se persigue al club por ser un emblema de la Cataluña nacionalista desde hace años, sino por los posibles delitos cometidos para tener una ventaja ante sus rivales
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal, Joaquín Aguirre, ha decidido imputar por cohecho al Fútbol Club Barcelona, a dos de sus expresidentes y al «clan Negreira», compuesto por el antiguo número 2 del Comité de Árbitros y su hijo.
Se trata de una decisión jurídicamente justificada, pero también valiente en unos tiempos en los que la independencia judicial queda condicionada, a menudo, por presiones externas que afectan, sin duda, al criterio de quienes han de actuar con plena autonomía.
La imputación no prejuzga la culpabilidad de nadie, pero sí asume la posible existencia de delitos graves que, en el caso que nos ocupa, supera el terreno de los simples indicios razonables.
Porque, tal y como ha adelantado El Debate, se considera muy probable que el club catalán gastara ingentes cantidades de dinero, hasta 7.5 millones de euros nada menos, en garantizarse la complicidad de un estamento clave en la higiene de una competición deportiva dependiente, en buena medida, de la integridad de las decisiones arbitrales.
Que el FC Barcelona contratara, a unas tarifas insólitas y a cambio de una supuesta asesoría técnica de la que no parece haber rastro, a una de las personas más potencialmente influyentes en el resultado de un partido, es ya de entrada inaceptable.
Y que lo hiciera durante años, legitima la sensación de que se intentaba orientar la competición y, de algún modo, adulterar los resultados para obtener la mayor recompensa deportiva, económica y social.
La mera sospecha de algo así, sostenido en años en los que el club obtuvo éxitos ahora en entredicho, es suficiente para llevar la investigación hasta el final y depurar todas las responsabilidades, personales y corporativas, que resulte oportuno. Sin condicionamientos de ningún tipo, y mucho menos políticos, como viene intentando hacer, para defenderse, la actual directiva blaugrana.
No se persigue al club por ser un emblema de la Cataluña nacionalista desde hace años, sino por los posibles delitos cometidos para tener una ventaja ante sus rivales y lograr, con más facilidad, títulos y campeonatos con formidables recompensas posteriores.
Del impacto de estos usos en la pulcritud de la competición quizá nunca sepamos nada, por la dificultad para establecer una relación directa entre los servicios de Negreira y los resultados del Barcelona.
Pero de la posibilidad de que hubo cohecho en la contratación de un clan sí cabe tener esperanza: el juez Aguirre, digno representante de los servidores públicos, está en ello. Y eso es una buena noticia para la sociedad, aunque muy mala para quienes, durante meses, han intentado tapar o poner sordina a este bochorno.
