¿La Comunidad de Madrid financiará un congreso en defensa de ETA y su lucha en pro de las libertades vascas?
La libertad de expresión, que somos los primeros en defender, consistiría en que con sus propios fondos la compañía que produce la obra alquilase un local en Madrid, representase lo que deseara, y afrontara los gastos consecuentes, que compensaría o no con el importe de las entradas
El próximo estreno de Altsasu, de María Goiricelaya, en el madrileño teatro de la Abadía, ha dado lugar a una polémica sobre la conveniencia o no de su representación en la capital de España en un centro cultural que vive de las aportaciones públicas, y más concretamente de la Comunidad de Madrid, cuya contribución representa más del 79 % de las mismas.
La cuestión fue suscitada en el seno de la Asamblea de Madrid hace tres semanas por la diputada de Vox Ana María Velasco, en cuya opinión, sin duda cualificada por tratarse de una hija del comandante de miñones de Álava Jesús Ignacio Velasco, asesinado por ETA el 10 de enero de 1980, cuando acababa de dejarla en el colegio, «justifica el terrorismo». «¿Cómo es posible, señores del Partido Popular –continúa la intervención- que se les haya colado algo así, que hayan subvencionado algo así? Por favor, rectifiquen.»
Ana María Velasco incidió de nuevo en el tema en el pleno de la Asamblea del pasado 7 de diciembre, en que dirigió una pregunta al consejero de Turismo, Cultura y Deportes en que señalaba que le producía «un profundo dolor que con el apoyo de su Consejería el próximo 18 de enero se vaya a estrenar en los teatros de la Abadía una obra de teatro que justifica los ataques y las agresiones que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en Alsasua y que es puro adoctrinamiento nacionalista, que cuestiona la justicia y que realiza un juicio paralelo de un hecho que sentenciaron los tribunales. […] No sé si se empeñan en mantener esta obra en cartel por convicción o por soberbia, espero que no sea por convicción. En cualquier caso, les pido en nombre de Vox que rectifiquen.»
La contestación del consejero Mariano de Paco sin duda fue brillante, pues tras afirmar que el Gobierno de la Comunidad estaría siempre al lado de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las víctimas del terrorismo eludió el tema de fondo y se centró en una encendida defensa de la categoría profesional del director del Teatro de la Abadía (que nadie ha puesto en duda), y de la libertad de expresión: «este Gobierno va a estar siempre al lado de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad creativa y de la libertad del público para elegir el lugar donde quiere ir a ver, de la misma manera que este gobierno va a estar siempre al lado de los creadores que están al frente de los centros de creación […] La cultura no es un arma, no es un arma, como defiende el ministro Urtasun, tampoco es un panfleto político, tampoco es un instrumento para adoctrinar y nosotros así lo entendemos y creemos que no lo debe ser, y por tanto insisto en esta necesidad de que se pueda crear en libertad y se pueda tener un abanico amplio de opiniones sobre las cosas.» Afirmaciones sin duda razonables en abstracto y que todo el mundo puede compartir, y que fueron seguidas de un demagógico ataque contra la diputada de Vox, que tiene más que probada en su trayectoria vital su compromiso con la libertad: «Mire, señoría, no le tenga miedo a la libertad de expresión, la libertad de expresión es sana, la libertad de expresión conforma a los pueblos, la libertad de expresión conforma a los ciudadanos.»
Pero sobre lo que se discutía no era sobre la libertad de expresión, sino sobre el hecho de que con el dinero cobrado a los madrileños a través de sus impuestos se vaya a estrenar en Madrid una obra que según expuso en noviembre de 2021 la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica, es un ejemplo de «adoctrinamiento nacionalista» y debía ser retirada de la programación municipal por «menospreciar a la justicia y a los medios de comunicación.»
Creemos que muy pocos son los madrileños, y nos atrevemos a pensar que ninguno de los que votaron a Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones, que piensen que una obra como «Altsasu» deba ser estrenada en su capital con dinero pagado por ellos. Porque la libertad de expresión, que somos los primeros en defender, consistiría en que con sus propios fondos la compañía que produce la obra alquilase un local en Madrid, representase lo que deseara, y afrontara los gastos consecuentes, que compensaría o no con el importe de las entradas pagadas por quienes desearan, en uso de su libertad, acudir a ver la representación.
Ante los argumentos expuestos por el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid no podemos menos de preguntarnos si su Consejería se propone financiar con el dinero de todos los madrileños un congreso que ofrezca en nuestra capital la versión de los etarras sobre su heroica y democrática lucha en pro de las libertades vascas, que además sin duda podía ser muy creativo, extraordinariamente creativo.
Eso sí, al menos tenemos la satisfacción de que entre los aplausos que recibió el consejero no se hallaba el de su presidenta, que había abandonado con anterioridad la sala.
