Sánchez humilla a España y la somete al separatismo

La mayoría artificial reunida por Pedro Sánchez para lograr su investidura, cohesionada en exclusiva por un obsceno intercambio de favores sin un proyecto común positivo para el país, ha aprobado la Ley de la Amnistía que es un burdo peaje asumido por el líder socialista para poder ser presidente. Se trata de uno de los hitos más tristes, desgraciados e indignantes de la democracia, pues le obliga a España a pedir perdón a quienes la agredieron y transforma los delitos que cometieron en derechos reprimidos por un Estado coercitivo.

Además de la podredumbre conceptual que impulsa una ley bochornosa, nacida estrictamente de la reiterada incapacidad de Sánchez para aceptar los resultados electorales y su codicioso deseo de alcanzar o mantener el poder a cualquier precio; es fundamental recalcar que sus efectos prácticos serán devastadores si se llega a aplicar. Porque conculca el principio fundacional del Estado de derecho, que es la igualdad de los españoles ante la ley y su escrupuloso respeto a la misma. Y porque legaliza, de facto, el inexistente derecho a romper la unidad constitucional de España, al vaciar de consecuencias jurídicas los actos de insurgencia y, aún más, darles una pátina de legitimidad en realidad inexistente.

Sánchez, simplemente, se ha comprado la Presidencia pagando con bienes ajenos, en un caso de corrupción política sin precedentes. No hay diferencia entre pagar en dinero por una recalificación urbanística o lograr un Gobierno abonando, a cambio, con leyes a la carta que transforman al verdugo en víctima y a la víctima en verdugo.

Que el Gobierno lo sabía desde el primer momento y aún así prosiguió con la aceptación de la extorsión es una obviedad. No solo porque sostenía la inconstitucionalidad evidente de la medida y se comprometía ante los ciudadanos a evitarla; sino porque se ha saltado todos los controles de calidad democrática para derribar los obstáculos legales que la hubieran frenado.

Y pese a ello, todas las instituciones que han informado al respecto del abuso ya culminado, fueron claras en su rotundo rechazo: los letrados de Justicia del Congreso y del Senado, el Consejo Fiscal, parte del Poder Judicial, todas las asociaciones de magistrados relevantes y hasta la Comisión de Venecia (por mucho que se manipule su dictamen) coincidieron en advertir de la ilegalidad de un soez pago en especie sin el cual, simplemente, Sánchez no sería presidente.

La falacia de que esta humillante rendición de la democracia española, sometida a la falta de escrúpulos de un dirigente peligroso, tendrá al menos por compensación una mejoría de la convivencia con el independentismo, se cae por los propios hechos. Porque la amnistía no es el final decente del alocado procés, que podría incluir una especie de perdón si los separatistas hicieran propósito de enmienda y renuncia; sino el primer paso de otro proceso constituyente impulsado, por la puerta de atrás, desde el propio Gobierno.

Sánchez se ha limitado a asumir un «impuesto revolucionario» que pone en jaque a la Constitución, la propia idea de España y su arquitectura institucional. Y lo ha hecho con una debilidad política, agravada por los galopantes casos de corrupción que le acechan, que sin duda seguirán explotando los chantajistas capitaneados por Puigdemont.

España tiene la desgracia de padecer, en fin, a un presidente que negocia su investidura en el extranjero, con prófugos, y que pisotea la legislación vigente al dictado de delincuentes reincidentes que solo le respaldan si, a cambio, les ayuda a conseguir sus objetivos. Tildar ese comportamiento de Sánchez de traición, como poco en el terreno político, no es ningún exceso.

Es la definición perfecta para un atraco que ojalá frenen los restos del Estado de derecho que, en España y en Europa, tienen ahora la obligación histórica de replicar a un presidente indecente que antepone sus intereses más prosaicos a los más elementales del país que tristemente gobierna.