¿El 23-F de Sánchez?

Mi larga estancia en el Senado, mi experiencia aún más larga en la Asamblea de Madrid, que presidí, tanto como mi condición de testigo directo como cronista en el Congreso me llevan a preguntarme cómo el debate parlamentario ha cambiado tanto y para mal. Me cuesta trabajo creer intervenciones como las del último Pleno del Congreso. Escucho los insultos entre sus señorías, las amenazas de algunos ministros y portavoces a los jueces y directamente al Tribunal Constitucional y creo vivir, por su forma y fondo, en otro tiempo, acaso en el parlamentarismo republicano entre febrero y julio de 1936, o en otro lugar, en Venezuela por ejemplo, donde se desmanteló y se negó el pan y la sal a la oposición. Desde la veteranía todo ello me produce la preocupación de que transitemos las vísperas de una catástrofe que no acabará bien para nadie.

¿Cuál es la gran tragedia democrática que el Gobierno denuncia? Que la oposición instó al Tribunal Constitucional a definirse sobre unas iniciativas parlamentarias en virtud de sus altas competencias. No otra cosa. Se acusó a la oposición desde las filas gubernamentales y sus socios de querer que el Tribunal de Garantías suplante al Parlamento, pero no es cierto. El Tribunal Constitucional, sus atribuciones y función emanan del Poder Legislativo. Los contrapesos de una democracia están definidos y lo que supone una aberración democrática es aspirar a que un órgano de tan enjundioso y delicado menester no cumpla sus funciones. Defender que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos es una falacia. Vulnerar esos derechos es impedirlo.

Los socialistas y sus socios aseguraron que el recurso del PP «perturba el funcionamiento de las Cortes y violenta los derechos constitucionales de diputados y senadores». Y ocurre justo lo contrario. El Tribunal Constitucional existe para poner en su lugar esos derechos constitucionales decidiendo sobre unas iniciativas, vía enmiendas, que reforman leyes orgánicas, que implican abolir la sedición, abaratar el delito de malversación y cambiar las reglas del juego para controlar el Poder Judicial con urgencia y por la puerta de atrás, sin los informes necesarios y preceptivos.

El todopoderoso ministro Bolaños amenazó a los magistrados del Tribunal Constitucional de «graves consecuencias para la separación de poderes, la normalidad institucional, la soberanía popular y el sistema democrático». Un disparate en cualquier democracia que no quiera caer en la autarquía venezolana.

En este contexto el último Pleno del Congreso fue un ejemplo de lo que no debe ser un Parlamento en democracia. Los portavoces de Bildu, de ERC y de otros socios del Gobierno se manifestaron, entre graves insultos, vergonzosamente contrarios a la transparencia y a las leyes. O se les da la razón o rompen la baraja. Que Bildu o ERC se presenten como defensores de la legalidad a ultranza sería cómico si no fuese trágico, y que hablen de golpe de Estado quienes dieron uno en 2017, o quienes defienden a condenados que tienen centenares de asesinatos en su historia, es indignante. Al tiempo, siete terroristas condenados serán premiados por Marlaska, entre ellos los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch, del concejal de UPN Tomás Caballero y del matrimonio Jiménez Becerril. Sánchez sigue pagando sus deudas.

Entiendo como más vergonzosa en el último Pleno del Congreso la intervención de Felipe Sicilia, portavoz del PSOE. Habló de golpe de Estado y citó el 23-F. Dijo que la derecha dio entonces un golpe «con tricornios» y ahora lo da «con togas». Creo que a este acólito de Adriana Lastra se le fue la cabeza al querer ganar méritos. Él es hijo de guardia civil, pasó su infancia en un cuartel de la Benemérita, se hizo policía nacional y no tenía dos años cuando Tejero –citado ayer– entró en el Congreso. Habla de oídas como tanta izquierda habla de la Transición. Sabe tan poco sobre aquel 23-F que parece ignorar que el intento de golpe lo sufrió el centroderecha, el Gobierno de Adolfo Suárez, y que el entonces presidente y el vicepresidente, general Gutiérrez Mellado, fueron los únicos que plantaron cara, incluso físicamente, a los golpistas.

Yo estaba allí, en el Congreso, el 23-F. Fui quien reconoció a Tejero cuando pasó ante la puerta de la vieja cafetería de la planta baja, como recogió algún periódico y luego un libro. Incluso la televisión que, con no poco riesgo, filmó la irrupción de Tejero y de los compañeros de oficio del padre de Felipe Sicilia, no identificó al oficial que ocupó la tribuna pistola en mano. Es grave el desconocimiento o la mala fe del portavoz socialista al asimilar a aquellos golpistas con los partidos que ahora, desde su responsabilidad y derecho, trataron de evitar un autogolpe de Sánchez en el camino hacia la entrega de España a sus enemigos. De alguna manera un 23-F de nuevo cuño y con otro método. Lo dijo gráficamente Elías Bendodo: «Ha utilizado la democracia para llegar al poder y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia». El método Hugo Chávez.

A alevines de la izquierda que ni vivieron ni han leído la historia más o menos reciente de España les basta el conocimiento de su catón ideológico. Y así nos va. De ahí emanan leyes como la de una memoria aderezada a voluntad de parte. ¿Qué le ha ocurrido a la vieja y gloriosa España para que un policía nacional hijo de guardia civil traicione solemnemente y a sabiendas la verdad? La dignidad debe pesar. Por mucho que se quiera ascender en la cucaña socialista.

• Juan Van-Halen es escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando