Partidos Políticos y Democracia Representativa

El espectáculo que están dando los partidos políticos después de las elecciones del 23-J es el mercadeo de apoyos parlamentarios que, no siendo nuevo, es todo menos edificante para los jóvenes, a quienes se supone que debemos educar en los valores de la democracia representativa. La Constitución dice, en el artículo 6 de su Título Preliminar, que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», pero también dice en el apartado 2 del artículo 67, Título III, Capítulo Primero que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Personalmente creo que los partidos políticos son absolutamente necesarios en una democracia representativa parlamentaria como la española, pero igualmente creo en la validez de la segunda cita, la que proclama la libertad de los miembros del Congreso y del Senado para expresar su opinión libremente, sin tener que votar lo que diga su partido. Esto segundo me parece tan importante como lo primero, y creo que la evidencia desde el inicio de la Transición demuestra que los miembros de la Cámaras no son libres para votar lo que quieren, y cuando lo hacen en contra de lo que les dicta el partido a través del portavoz parlamentario, sufren toda clase de presiones, críticas, e incluso multas y otras sanciones.

El número de partidos que han logrado representación en el Congreso de los Diputados, en las 16 elecciones generales celebradas desde 1977, ha variado entre 10 y 12 partidos desde 1977 hasta 2016, con las excepciones de las elecciones de 2011 y 2015, en las que lograron escaño un total de 13 partidos, y las de abril y noviembre de 2019, cuando 15 y 19 partidos respectivamente lograron representación. En las elecciones de 2023 el número se ha reducido a solo 11, posiblemente porque los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, han vuelto a sumar más del 50 por ciento del total de electores (más de dos tercios del total de votantes), lo que no sucedía desde las elecciones de 2011.

Si se clasifican los partidos según sean de ámbito nacional o regional, se comprueba que desde 1977 el número de partidos con representación en todo el territorio nacional ha variado entre 3 y 6, logrando menos de 300 escaños en las elecciones de 2015, 2016 y noviembre de 2019, y 326 escaños en las elecciones de 1977, 1982 y 2008. En las elecciones de 2023 cuatro partidos con representación en toda España han obtenido 322 escaños. El cambio mayor, sin embargo, se observa en relación con los partidos regionales, pues entre 5 y 9 de esos partidos lograron representación en el Congreso entre 1977 y 2011 (con entre 24 y 38 escaños), pero a partir de 2015 y 2016 con solo 8 partidos lograron 53 y 51 escaños, aumentando a 10 y 13 partidos en las dos elecciones de 2019, con 47 y 51 escaños respectivamente.

Los resultados de 2023, por la confrontación PP-PSOE, y posiblemente por la polarización derecha-izquierda, los partidos regionales que han logrado representación en el Congres son solo 7, y con un total de 28 escaños.

En cualquier caso, el análisis de lo ocurrido a partir de 2011 demuestra una proliferación de la oferta electoral de partidos regionales, que buscan poder ofrecer no programas ideológicos o políticas concretas, solo buscan ofrecer escaños para que alguno de los dos grandes partidos nacionales pueda formar gobierno a cambio de competencias regionales y presupuestos. Eso tiene poco que ver con la función que la Constitución asigna a los partidos, y menos aún con la libertad de voto de cada representante de los ciudadanos. La proliferación de partidos tiene más que ver con la búsqueda de un cargo bien remunerado, y de un mercadeo de apoyos para la investidura. Los dos partidos nacionales principales, PP y PSOE, han sido responsables de alentar ese mercadeo desde al menos las elecciones de 1993, y siguen haciéndolo después de los resultados de 2023.

Los ciudadanos ven como los aparatos de los partidos utilizan sus votos para venderlos al mejor postor, no por ideología, no por políticas concretas de cualquier tipo, sino por el mero poder para los dirigentes de cada partido. Con razón se ha dicho que en España nunca ha habido partidos políticos, sino bandas alrededor de un líder, o lo que alguno ha denominado «fulanismos» (desde canovistas o romero-robledistas hasta sanchistas).

El «fulanismo» del sistema de partidos español impide que el partido con mayoría parlamentaria pueda «destituir» al presidente de Gobierno (el suyo) y sustituirlo por otro de su propio partido, como es corriente en otros países, por ejemplo el Reino Unido, donde lo hemos visto con la señora Thatcher o más recientemente con Theresa May y Boris Johnson, sustituidos sin haber perdido unas elecciones. En España los presidentes de Gobierno solo cesan cuando pierden una elección, nunca porque lo decida su partido, puesto que los que podrían hacerlo le deben su escaño a él.

Pero, si los partidos son los que deciden a quién dan su apoyo, no los supuestos representantes de los ciudadanos, sería suficiente, en las elecciones de 2023, con 11 diputados, cada uno de los cuales representaría a uno de los 11 partidos que han obtenido escaño, y cada uno votaría como en las juntas de accionistas, con el porcentaje de voto que le correspondería por el porcentaje de votos representados. Eso implicaría un ahorro importante de sueldos, pensiones de jubilación, dietas de viajes y vivienda, ordenadores, tabletas, móviles, gastos para taxis, etc., pues reduciría de 350 a 11 el número de diputados en este Congreso de los Diputados. Algo similar podría hacerse en el Senado, y en todos los parlamentos autonómicos.

Una vez más, el sistema electoral de distrito unipersonal, con segunda vuelta, permitiría a los electores decidir con quién quieren coaligar su voto, si su primera preferencia no está entre las dos con mayor número de votos. Por eso no se hará, porque los aparatos de los partidos perderían su oligopolio.

• Juan Díez Nicolás es académico de número en la Real de Ciencias Morales y Políticas