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En primera líneaJuan Díez Nicolás

La investidura

Suponiendo que cualquiera de los dos lograra formar gobierno, le resultaría muy complicado gobernar realmente, por la total polarización e igualdad de fuerzas

Actualizada 01:30

El 22 de agosto por la tarde la Casa de S.M. El Rey anunció que éste había encomendado a Alberto Núñez Feijóo que intentase formar gobierno. El 23 de agosto, la presidenta del Congreso de los Diputados fijó los días 26 y 27 de septiembre para la votación de investidura. Se ha puesto en marcha el proceso, que de no concluir con la elección de un presidente del Gobierno antes del 27 de noviembre, implicará la convocatoria automática de nuevas elecciones legislativas para el 14 de enero de 2024.

Como en las primeras elecciones de 1977, hay dos partidos más fuertes de derecha y de izquierda, otros dos menos fuertes de izquierda y derecha, y otros 7 partidos más pequeños atendiendo al número de sus diputados electos. Pero la semejanza con 1977 es solo aparente. Entonces los dos partidos fuertes eran moderados y, aunque adversarios, no se consideraban enemigos, y sabían que tenían que colaborar para que la democracia arraigara en España. Y los dos partidos menos fuertes sabían que su presencia era testimonial, y que su capacidad de influir en las decisiones políticas era muy pequeña, pues los dos partidos grandes estaban de acuerdo en lo fundamental, y no les necesitaban para gobernar. La situación actual es muy diferente, los dos partidos grandes llevan los últimos cinco años insultándose a diario, y con la intención de impedir que el otro pueda gobernar. Los dos partidos menos grandes saben que son imprescindibles para que el respectivo partido grande de su lado pueda formar gobierno. En 1977 se podía formar gobierno, y se gobernó, con mayoría relativa, como ha ocurrido en cinco ocasiones. En 2023 ningún partido puede pretender gobernar sin mayoría absoluta, ni siquiera podría formar gobierno con el partido menos grande de su lado del espectro ideológico. Se necesitan 176 o más escaños, o los otros no te permitirán gobernar.

La situación actual es la de una clase política polarizada (afortunadamente la sociedad no lo está en la misma medida), y en la que ninguno de los dos bloques, al escribir estas líneas, parece tener garantizado el apoyo de al menos los 176 diputados necesarios para formar gobierno. El precio que piden los partidos pequeños para dar su apoyo es cada día más alto, como en las subastas, y es posible que los que encabezan cada uno de los dos bloques no estén dispuestos a pagarlo.

Suponiendo que cualquiera de los dos lograra formar gobierno, le resultaría muy complicado gobernar realmente, por la total polarización e igualdad de fuerzas. El PSOE tendría una mayoría absoluta mínima en el Congreso de los Diputados, y el PP una mayoría absoluta más amplia en el Senado. Pero ninguno de los dos podría aprobar leyes que requiriesen mayorías cualificadas. Sería muy difícil gobernar, y muy fácil impedir gobernar.

En el supuesto de que ninguno de los dos líderes pueda formar gobierno solo caben tres posibles escenarios: 1) un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, mediante gobierno de coalición o pacto de legislatura, 2) convocatoria de nuevas elecciones, o 3) el Rey Felipe VI puede proponer un candidato distinto a los dos previstos por los resultados electorales.

En la situación actual, pensar en un Gobierno de coalición o un pacto de legislatura entre los dos grandes partidos nacionales sería casi como creer en los Reyes Magos o en que las cigüeñas traen a los niños de París. Pero cosas más raras se han visto ya en nuestra joven democracia.

Ilustración: la investidura

Paula Andrade

La opción de convocar nuevas elecciones es totalmente posible, pero ¿por qué cabe pensar que los resultados serían muy diferentes a los del pasado julio? Más bien cabe esperar que la polarización se agudizaría, y España estaría con gobierno «en funciones» casi un año, por lo menos.

La otra opción es que el Rey Felipe VI proponga a una persona que intente formar gobierno mediante un respaldo suficiente en el Congreso. Por cierto, la persona propuesta no tiene necesariamente que ser diputado, basta con que tenga el apoyo por mayoría absoluta o relativa en el Congreso de los Diputados, en primera o segunda votación. Sánchez fue propuesto como presidente del Gobierno en la moción de censura, y lo consiguió sin ser diputado. Si se llegase a esa solución, parece lógico pensar que el Rey no se arriesgaría a hacer la propuesta de alguien que no pudiera formar gobierno, pues habría hecho las consultas suficientes con toda clase de políticos para garantizar que la persona propuesta fuese alguien, hombre o mujer, con un gran prestigio nacional en cualquier actividad, pero con suficientes apoyos en la izquierda y la derecha como para garantizar un gobierno que elimine, o al menos reduzca, la polarización política actual, y que pueda ofrecer soluciones viables a los principales problemas que actualmente tiene España, territoriales, económicos, políticos, sociales, etc.

Las alternativas 1 y 3 serían mejor acogidas por los ciudadanos, pues reduciría el enfrentamiento y la polarización actuales, y sugeriría un acuerdo para los principales problemas que tiene ahora España. Dicho en términos vulgares, los ciudadanos respirarían tranquilos. Esa «gran coalición» a la alemana permitiría hacer algunos cambios en la Constitución vigente. Pero lo importante sería la lista de los acuerdos de esa «gran coalición» entre PSOE y PP, que sería la base de las alternativas 1 y 3. Sugerimos algunos de esos posibles acuerdos que requerirían cambios legislativos por mayorías cualificadas, incluso cambios concretos en la Constitución:

Un estatuto de la Corona, que entre otras cosas elimine la desigualdad de género y concrete las funciones del Jefe del Estado.

Nueva ley electoral, eliminando la provincia como circunscripción electoral y sustituyéndolo por el distrito unipersonal con segunda vuelta, para garantizar que todo representante del pueblo en las cámaras tenga el respaldo de al menos la mitad de los votantes de su circunscripción, y libertad real de voto.

Una ordenación territorial, con competencias claras de las distintas administraciones, nacional, autonómica y local.

Una política internacional estable al menos para algunas décadas.

Es evidente que para este comentarista las opciones 1 y 3 serían las más deseables, pues otras elecciones nos llevarían, como en el juego de la OCA, a la casilla de salida, y a perder otro año en disputas políticas sin afrontar los problemas reales de los españoles.

  • Juan Díez Nicolás es académico de número en la Real de Ciencias Morales y Políticas
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