El CNI, el chivo expiatorio
Aragonés quiere hacer creer que todo es un montaje para desacreditarle. Y el Gobierno pretende eludir su responsabilidad y trasladarla al servicio de inteligencia. Pero los hechos son claros y contundentes
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, lleva semanas lanzando duras acusaciones contra la judicatura y el Centro Nacional de Inteligencia por la intervención de uno de sus teléfonos. Todo apuntaba a que Aragonés estaba implicado en los hechos que se vivieron en las calles de Barcelona la semana del 14 al 21 de octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del procés. En el sumario se dice que Aragonés era «coordinador en la clandestinidad de los CDR» (Comandos de Defensa de la República), los comandos violentos del independentismo catalán. Y el CNI habría intervenido su teléfono con el sistema Pegasus para investigar su responsabilidad en los actos de violencia callejera más graves ocurridos en Cataluña y en el resto de España desde los años treinta del siglo pasado, incluidos los provocados por ETA en el País Vasco.
Ahora Pere Aragonés quiere hacer creer que hay una conspiración contra él y sus compañeros acusando al CNI de un montaje para desacreditarlos y llevarlos a los tribunales. Pero los hechos son claros y contundentes.
La violencia de los CDR causó en sólo siete días 590 heridos, 301 manifestantes y 289 policías. Se quemaron 1.044 contenedores y 52 árboles, y se destruyeron 2,4 kilómetros de pavimento urbano con un coste de 3,1 millones de euros para el ayuntamiento de Barcelona, según informó El País el 23 de septiembre de 2019. También ocuparon el aeropuerto del Prat y obligaron a cancelar más de cien vuelos; interrumpieron el AVE, ocupando las vías del tren, y cortaron vías de comunicación con hogueras y barricadas.
Si esas y otras actividades pueden ser o no calificadas de terrorismo es algo que corresponde a los tribunales, aunque moleste a los separatistas, al gobierno y a quienes le apoyan desde los medios de comunicación, acusando a los jueces de parcialidad por motivos políticos cuando sus decisiones no les son favorables. Junqueras ya apuntó maneras cuando el 18 de enero de 2020 afirmó: «El Tribunal Supremo no tiene razón en nada».
La justificación de la violencia por los dirigentes independentistas viene de largo. Laura Borrás, que fue presidenta del Parlament, dijo el 4 de noviembre de 2019: «No puedo considerar como violencia un contenedor en llamas». Es más, los separatistas anunciaron una próxima embestida cuando el portavoz de Esquerra, Sergi Sabriá, afirmó en el Parlament: «El próximo embate al Estado deberá ser decisivo».
Ahora se investiga la implicación de Aragonés y otros independentistas en esos hechos violentos. Y ante el temor de verse condenados por terrorismo y excluidos de la amnistía que se está tramitando, los dirigentes separatistas afirman que las acusaciones contra ellos son una operación fraguada en las supuestas cloacas del Estado, y presentan al CNI como un organismo que se mueve en las tinieblas de la impunidad legal.
Pero la realidad es otra y bien distinta. El Centro Nacional de Inteligencia desarrolla su actividad con arreglo a la ley. Sus investigaciones tienen que estar sujetas al ordenamiento legal, y autorizadas por un juez. Así lo prescribe la ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
En su artículo 4, b fija sus funciones y dice literalmente: «Para el cumplimento de sus objetivos, el Centro Nacional de Inteligencia llevará a cabo las siguientes funciones: prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la nación».
Cuando el CNI instaló el sistema Pegasus en uno de los teléfonos de Aragonés, entonces vicepresidente de la Generalitat, lo hizo porque había indicios de que tenía una alta responsabilidad en la dirección de los graves hechos que se estaban produciendo en Barcelona. Y actuó con la autorización del magistrado del Tribunal Supremo, tras analizar los indicios de delito que los funcionarios del Centro le mostraron; no fue una maniobra en la oscuridad legal contra los dirigentes separatistas por animadversión política. La autorización la firmó el 24 de julio de 2019, y el 21 de octubre autorizó una prórroga. Cuando el CNI pidió estas autorizaciones gobernaba Pedro Sánchez.
El reproche habría que habérselo hecho al CNI si no hubiera actuado, porque es evidente que «se estaba atentando contra el ordenamiento constitucional […] la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la nación». Y si alguien tiene dudas del peligro que corrían los intereses económicos, que se lo pregunte a los ciudadanos que con la velocidad del rayo sacaron de los bancos catalanes más de 6.000 millones de euros y a las mas de 8.000 empresas que salieron en estampida.
Cuando Pedro Sánchez necesitó el apoyo de los separatistas catalanes para mantenerse en el poder, les entregó, entre otras cosas, la cabeza de Paz Estaban, directora del CNI.
El Gobierno no solo dejó tirados a quienes le sirvieron con lealtad sino que ahora intenta desviar el foco de su responsabilidad hacia el CNI. Y los separatistas tratan de desviar el foco de su apoyo a la violencia atacando al CNI. Unos valientes.
No hay que culpar al Centro Nacional de Inteligencia por lo que hizo. El reproche se lo habría merecido si no lo hubiera hecho.
- Emilio Contreras es periodista
