Productividad, empresarios, empleo

Las últimas semanas hemos asistido a convulsiones en el mundo de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), cuyos dirigentes han mostrado su desacuerdo con ciertos modos de actuar de los gestores públicos.

La relación entre el tamaño de la empresa y su rentabilidad es un viejo problema. La solución depende del sector de que se trate. Con no poco pragmatismo, hay quien aconseja que, cuando se crea una empresa, lo más acertado es dejarla crecer mientras esté dando rendimientos suficientes y detener su crecimiento, y mantenerla en la dimensión que haya adquirido, cuando empiece a disminuirlos. Es algo así como aceptar que hay un especie de «tamaño natural» de la empresa, que es el que conviene llegue a adquirir y mantener en los años posteriores a su creación, y mantener mientras exista.

La necesidad de atender a los problemas peculiares de las pymes ha hecho que en muchos países se definiera, sobre todo para el diseño de políticas de apoyo, lo que debía entenderse por pyme. Prescindiendo de otros tecnicismos, en la Unión Europea y en otros países se entiende que una pyme es la empresa que tiene menos de 250 empleados. Esta cifra, para EE.UU., donde la clasificación es algo más complicada, suele ser de 500 empleados.

La Unión Europea tiene unos 21 millones de empresas, de los que se estima que son pymes el 99,8 % y grandes solo el 0,2 %. Esto es, solo hay en la UE unas 42.000 empresas grandes. España tiene unos tres millones de empresas, de las que solo son grandes algo más de cinco mil. Estas proporciones entre pymes y grandes empresas son las que suelen aparecer en cualquier país desarrollado.

Las pymes emplean a más del 60 % de la población activa de un país y se muestran muy dinámicas en materia de empleo. Suelen ser bastante distintas en su gestión y comportamiento de las grandes empresas. Sus características hacen que tenga sentido el seguir la recomendación de muchos tratadistas de que el Estado debe mantener una intervención prudencial en el mercado, sin mermar nunca la libertad y creatividad del empresario.

Las peculiaridades de las pymes y las políticas de apoyo han sido recogidas sucintamente en las denominadas 'Cartas de las pymes', de las que pueden ser ejemplo la de Bolonia, la de Estambul, la de la Unión Europea. Entresacamos de esta última su reconocimiento de la agilidad de las pymes para responder a las necesidades del mercado y a la creación de puestos de trabajo; su importancia en el desarrollo social y regional; el espíritu empresarial de sus directivos y empleados; su espíritu emprendedor e innovador, generador de ideas. La Carta señala la necesidad de elegir políticas que faciliten el acceso de las pymes al mercado único europeo, disminuyan los trámites burocráticos a que están sometidas, mejoren las fuentes de financiación; adecuen su fiscalidad; faciliten su digitalización y faciliten la escucha de sus opiniones.

La Unión Europea ha mostrado siempre una preocupación especial por ellas, a las que considera esenciales en su tejido empresarial y social. Muestra de esta preocupación son la Carta, a la que se ha aludido, y la legislación o instrumentos que ha creado, como la Small Business Act para Europa, iniciativa en favor de las pequeñas y medianas empresas; y el Instrumento PYME, denominado actualmente IEC Accelerator (Acelerador del Consejo Europeo de Innovación), que impulsa y presta servicios financieros a las empresas innovadoras y pequeñas. El impulso a los denominados proyectos «tractores» emprendidos por una gran empresa y donde pueden participar pymes con los más diversos cometidos. Existe la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, relacionada con el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva para las pymes.

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos posee la Small Business Administration (Agencia Federal de Pequeños Negocios), cuya misión es «mantener y fortalecer la economía nacional haciendo posible el establecimiento y la viabilidad de los small business (pequeños negocios)…»

El manifiesto publicado recientemente por Cepyme denuncia una situación que contrasta con lo que se ha descrito en los párrafos anteriores. Así, habla de un intervencionismo excesivo que afecta a la libertad de decisión del empresario, a su libertad para organizar su empresa como mejor crea; de una regulación y de una carga fiscal excesiva; de una crítica a los beneficios del empresario, cuyo papel en la reinversión y creación de empleo parecen no entenderse; una falta de entendimiento del papel crucial del empresario en la actividad económica; un conjunto de medidas que afectan al tan deseado aumento de la productividad

El manifiesto hace patente que la Unión Europea, como se hizo constar en sus tratados, eligió como modelo económico lo que en el argot de la Economía se denomina «economía social de mercado», que tiene entre sus instituciones principales el mercado y los empresarios y como objetivo compartido la consecución de un razonable bienestar para todos. Las prácticas que se denuncian encajan muy mal en un modelo de este tipo. El buen funcionamiento de la «economía social de mercado» se fundamenta en el empleo correcto de la libertad, por todos aquellos que participan en sus transacciones.

• Andrés Muñoz Machado es doctor ingeniero Industrial