Los males del agua
La gestión y planificación hidrológica debe hacerse dentro de los ámbitos territoriales de cada cuenca hidrográfica, debiendo las comunidades autónomas abandonar la constante reivindicación de mayores competencias en estas materias. Solo recordar, por ejemplo, que el río Turia nace en Teruel
Las sequias y las avenidas son los males del agua en España. Y ello es cierto en realidades naturales tan diferentes como son los medios hídricos de Galicia y las regiones cantábricas y el del arco mediterráneo. Pese a esta heterogeneidad del agua en España, los efectos trágicos de los extremos del ciclo del agua, sequías e inundaciones son recurrentes por todo el territorio –no olvidemos la riada de Bilbao en 1983 con más de cuarenta fallecidos– aunque sin duda el litoral mediterráneo y el archipiélago balear se llevan la palma.
Para hacer frente a este irregular comportamiento de nuestros cauces naturales (de régimen más torrencial que fluvial) la política del agua en España, desde la Ley de Aguas de 1879 hasta finales del siglo XX, se basó en la inversión pública en obras e infraestructuras que permitieron, además de corregir nuestros males, transformar el mosaico del territorio español; pasando de ser un país atrasado y hambriento a poder equipararnos con la mayoría de países europeos. Se garantizó el suministro de agua para beber y regar y se conectaron hogares e industrias a redes de saneamiento.
La continuidad y constancia de esta política por los sucesivos regímenes políticos del siglo pasado, permitió el progreso de la ciencia y de la técnica y como consecuencia el bienestar y modernidad del conjunto de la sociedad. Un esfuerzo extraordinario sin el que sería imposible la España actual.
Pero en el año 2000 la aprobación de la Directiva Marco del Agua europea y su obligada trasposición modificó sustancialmente la equilibrada y muy razonable Ley de Aguas de 1986, nacida como fundamento de la política del agua en la España democrática.
Ya antes, desde ámbitos universitarios y ecologistas, se había creado una potente plataforma denominada «Nueva Cultura del Agua». Su orientación ambientalista y radicalmente opuesta a la política mantenida tradicionalmente –llegando incluso a su desprecio más absoluto– se vio amparada por la nueva legislación europea. Es incuestionable su éxito en los ámbitos escolares, universitarios y su determinante influencia sobre la administración hidráulica especialmente en las confederaciones hidrográficas a lo largo de las últimas décadas.
El lema «Cambiar el cemento por verde» resume bien esta transformación. Lo esencial de la política del agua actual son: los caudales ecológicos, la protección de las masas de agua superficiales y subterráneas y devolver los cauces a un estado natural indeterminado temporalmente. Es decir no solo dejar de construir presas y obras de encauzamiento, sino eliminar algunas de ellas: La «Chatarra» término despectivo usado hacia unas obras a las que debemos un homenaje por lo que han supuesto para la vida de generaciones de españoles.
Las obras hidráulicas, salvo la conclusión del notable esfuerzo iniciado en 1986 –como fruto de nuestra incorporación a la Unión Europea– en la depuración de las aguas residuales y la extensión de la desalación de aguas marinas y salobres, no solo han sido abandonadas sino incluso despreciadas, por parte de las nuevas generaciones educadas, en los sesgados y unilaterales principios de la ya vieja «Nueva cultura del agua».
El fracaso de esta orientación exclusivamente ambientalista de la política del agua en España es evidente, y sucesos tan lamentables como los acontecidos estas pasadas semanas así lo confirman una vez más. La dependencia del funcional de las Confederaciones Hidrográficas de la autoridad ambiental explica la falta de equilibrio entre la imprescindible aplicación de la Directiva Marco Europea y la continuidad de la política tradicional de obras hidráulicas aspecto que no impide la norma europea.
No será fácil convencer de la urgente necesidad de recuperar la inversión pública, en estas materias a un gobierno autocalificado como ecologista, quizás la pérdida de vidas humanas ayude a su necesaria reflexión al respecto.
Hacer frente a los males del agua en España exige metas a largo plazo y gran constancia en el trabajo, sus actuaciones son de lenta programación y ejecución. La política del agua en España debe recuperar lo mejor de la tradicional incorporando todo aquello que la mejore. La gestión y planificación hidrológica debe hacerse dentro de los ámbitos territoriales de cada cuenca hidrográfica, debiendo las comunidades autónomas abandonar la constante reivindicación de mayores competencias en estas materias. Solo recordar, por ejemplo, que el río Turia nace en Teruel.
De seguir con la política actual, sesgada y desequilibrada, sequías e inundaciones seguirán atormentándonos, lo diga la Academia, Bruselas o quien lo diga.
- Eugenio Nadal Reimat fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
