Extraño y anacrónico frenesí antifranquista

En verdad causa extrañeza este frenesí antifranquista que, día tras día, desde su ascensión a la cima del Poder Ejecutivo, manifiestan los altos cargos que componen este 'benéfico' Gobierno nuestro. El indicado estado mental se acerca al paroxismo, a lo morboso. Se trata de un antifranquismo militante que padecen los nuevos socialistas y sus socios y aliados. Causa asombro porque, por lo general, son personas que no alcanzan el medio siglo de edad, que no vivieron en el denostado 'Régimen', sino que nacieron y se han educado en libertad, en democracia, bajo el manto de la por ellos tan menospreciada y violentada Constitución de la Concordia de 1978, en cuya virtud gobiernan.

En esas circunstancias sorprende, en efecto, el feroz rechazo o aversión, cuando no odio, que profesan al fantasma y a la figura del maléfico general Franco. Cualquiera diría que la Historia comienza hoy, que los actuales gobernantes –y sus apoyos– han sido represaliados ayer tarde, o que la Guerra Civil, que tanto les preocupa y ocupa, fuese un acontecimiento protagonizado por un solo actor, que un buen día de un mes de julio, tras un frugal desayuno, decidió: «Hoy voy a dar un golpe de Estado».

Sin embargo, desde aquel indiscreto comentario de Rodríguez Zapatero a Iñaki Gabilondo, que oportunamente captaron los micrófonos, de que al PSOE le convenía, desde el punto de vista electoral, generar tensión política, sabemos que el antifranquismo y el comunismo de salón de estos noveles políticos es, ciertamente, una actitud impostada, una inconsistente matraca con la que quieren acomplejar a la derecha, alejarla del poder y, de paso, disimular su propia incompetencia y vacuidad.

A estas alturas del primer cuarto del siglo XXI, con los gravísimos problemas políticos, sociales y económicos que los españoles padecen –ciudadanos angustiados a la espera de soluciones de quienes desempeñan responsabilidades públicas–, nos encontramos ahora, vivir para ver, con unos gobernantes distraídos en la aprobación de leyes de corte ideológico, normas de indisimulado espíritu revanchista, que persiguen moldear a la sociedad, normas inservibles, por tanto, a lograr una convivencia estable y una economía próspera. Por el contrario son decisiones causantes de una creciente tensión social y política. Una desgracia para un país. En una sociedad condolida por las heridas del pasado –un pasado que muchos creíamos superado–, si la política de Estado se reviste de ideología radical y el péndulo se desplaza al otro extremo, el conflicto y la discordia están servidos por ese camino.

Es lo que está sucediendo desde que el engendro gubernamental conocido por «Frankenstein» dirige y administra los intereses del atribulado pueblo español. Ya tenemos en el BOE la infame e injusta ley autodenominada «de Memoria Democrática», norma innecesaria, represiva y falsificadora de la historia de España. Baldón ignominioso cuya responsabilidad histórica recaerá para siempre sobre este partido socialista que lidera –con acritud y sin autocrítica– un tal Pedro Sánchez. Una ley que reprende y reprime, que establece una verdad oficial e intenta borrar décadas del reciente pasado de España.

A raíz de esta legislación llama la atención –y causa rubor ajeno– contemplar la tragicómica escena oficial de una vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo anunciando entre sollozos, ¡a fines de 2022!, la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Francisco Franco y a otros nueve destacados cargos del régimen anterior. ¡Qué proeza la de esta comunista! Por cierto, una condecoración creada en 1926 por el Directorio Civil primorriverista, con el que colaboró (¡qué cosas tiene la vida!) su antecesor en el cargo, Francisco Largo Caballero, el 'Lenin español'. Quedamos perplejos, pues desconocemos a cuento de qué y con qué mandato decide la señora ministra «pedir disculpas en nombre del Gobierno a las víctimas del franquismo».

Para ser justos y ecuánimes, como todo gobernante está obligado a serlo, ¿dónde está la petición de perdón a las víctimas del Frente Popular que incluso con anterioridad al Alzamiento Nacional se cuentan por miles? ¿Sólo hay víctimas de una facción? ¿Conoce Yolanda Díaz –y compañía– lo que sucedió en España del 14 de Abril de 1931 al 18 de Julio de 1936? ¿Ha leído alguna bibliografía solvente sobre tal época? Si hubiera vencido el Ejército republicano, ¿cree nuestra ministra que la represión posterior hubiera sido inexistente o más benévola que la de los 'nacionales'?

Desconozco si la señora Díaz ha leído el libro titulado El Terror Rojo, del hispanista británico Julius Ruíz (Espasa, Barcelona, 2012, 459 páginas). Sólo por el título ya puede entender que el autor se refiere a las «hazañas» del Frente Popular durante el período 1936-1939 y a las trágicas y espeluznantes decisiones con las que se segaba la vida a sus víctimas bajo la letal diana de «fascistas». Ilustra la portada del libro la tricolor, sobre la que se aprecian manchas… de sangre.

Pues bien, me permito traer a colación un hecho histórico emparentado con la formación laboralista y con la materia que da nombre a su Ministerio, el trabajo. Por el relato histórico que paso a exponer, señora ministra, tampoco queda bien parada su paradisíaca y admirada República. Compruébelo usted misma.

Sobrevenido el levantamiento del 18 de Julio de 1936, las autoridades del Frente Popular crearon un sistema de justicia expeditiva sobre tres pilares que alejaban a la República del Estado de derecho: tribunales populares, jurados de urgencia y de guardia. En definitiva, justicia extrajudicial, una lacerante aberración jurídico-política con la que se cometieron miles de horrendos asesinatos en la zona republicana. Esa sí que era justicia politizada.

Pues bien: el 4 de noviembre de 1936, Largo Caballero nombra ministro de Justicia al camarero anarquista Juan García Oliver, que impulsa unas «nuevas orientaciones a la Justicia». Para fundar una nueva sociedad antifascista (tarea continuada por usted en nuestros días), al ministro se le ocurre un plan: juzgar menos y reeducar más a la «delincuencia políticofascista» (sic). Ello le lleva a poner en práctica un programa de reeducación a través de una red de campos de trabajo. Sí, señora Díaz, la modélica República, tan admirada por usted y sus camaradas, fue una adelantada en la creación de campos de trabajos forzados para presos políticos (estos, sí). «Esa cohorte de fascistas, trabajando, nos ayudará a transformar nuestro país en un vergel» (García Oliver dixit, ob. cit., 358). Entusiasmado por la idea, el ministro anarquista se atrevió a colocar en la entrada de los campos de trabajo –que se abrieron– una frase: «Trabaja, y no pierdas la esperanza», sentencia que, años más tarde (1940), otra ideología, liberticida y totalitaria como la comunista, la nazi, reproduciría en Auschwitz: «Arbeit Macht Frei» («El trabajo hace libre»). En esto la República fue tristemente primera.

No se entiende, pues, la batalla antifranquista, la lucha antifascista, en la que obsesivamente está concernido el Gobierno de Pedro Sánchez y usted, como principal adalid. De nuevo don Quijote luchando contra molinos de viento, que no gigantes. Ustedes, con esa errada política de ingeniería social, de transformación taimada de la sociedad recibida, de mutación de la Constitución a través de leyes ideológicas y de faltar a la verdad, el único fruto que recogen es el del enfrentamiento y la pulverización de la concordia civil.

Dejen de lloriquear y de apelar a los sentimientos abriendo heridas, haciendo exhumaciones exprés y quitando medallas y distinciones que sólo ustedes rememoran. Respeten a los ciudadanos. No les mientan. Los españoles están en lo que importa: la libertad, los derechos, la paz civil, el empleo, la carestía de la vida, los servicios públicos, la salud, la educación… y en dejar una España mejor a los hijos.

Ni terror rojo ni terror azul. Con este espíritu se hizo la Transición y con él se aprobó abrumadoramente la buena Constitución de 1978. La concordia fue posible.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil