Una ley nacional del español

El idioma español es la máxima expresión de la inmensa riqueza cultural de España, que a lo largo de los siglos ha conformado la mayor gesta civilizatoria y de hermandad de la historia que es la Hispanidad. Esta gesta es la que nos ha permitido compartir nuestra lengua con más de 600 millones de personas en todo el mundo.

El español es la lengua común y propia de todos los españoles y todos tenemos el derecho y el deber de conocerla. Además, gracias a la enorme riqueza y pluralidad cultural de nuestra nación existen, en algunas regiones, junto a la lengua común otras lenguas españolas cuyo uso cotidiano nunca ha supuesto problema alguno.

Lo que es una enorme riqueza y patrimonio de todos los españoles ha sido retorcido por el separatismo, con el visto bueno del PP y del PSOE, con el único objetivo de dividirnos y enfrentarnos, y para exacerbar diferencias entre territorios en detrimento de todo lo que nos une. Han llegado, incluso, a modificar la toponimia histórica con fines políticos.

Las constantes cesiones del bipartidismo al separatismo durante décadas y el desarrollo paralelo del fallido modelo autonómico han permitido el arrinconamiento institucional del español en las regiones con lenguas regionales cooficiales.

En la enseñanza, separatistas, PP y PSOE, han marginado al español sacándolo de las aulas y atropellando los derechos de las familias. Las denuncias por adoctrinamiento separatista a través de las lenguas regionales son constantes. Esto, además de provocar profundas heridas emocionales y sociales, ha tenido consecuencias nefastas en la calidad educativa.

Los españoles tienen el derecho a estudiar en la lengua común en cualquier parte del territorio nacional. Todas las familias deben tener garantizado el derecho a que sus hijos estudien y conozcan el español en todos los niveles de enseñanza y en cualquier centro educativo. La libertad de elección de lengua es un derecho de las familias, reconocido por nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, vulnerado sistemáticamente en las regiones bilingües, donde los ciudadanos que tienen el español como lengua materna sufren el apartheid lingüístico. El adoctrinamiento político debe salir de las aulas.

En el acceso a la función pública, separatistas, PP y PSOE, han permitido que las imposiciones lingüísticas devalúen y degraden nuestros servicios públicos al primarse los conocimientos lingüísticos sobre los técnicos.

Todos los españoles deben tener igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública en base a criterios de mérito y capacidad. Las lenguas regionales pueden ser un mérito según las funciones específicas del puesto de trabajo, pero en ningún caso pueden ser un requisito excluyente.

En las relaciones con la Administración pública, todos los españoles tienen derecho a usar el español en sus relaciones con cualquier administración pública sea local, provincial, insular o autonómica.

Las imposiciones lingüísticas del separatismo, del PP y del PSOE han levantado barreras y fronteras artificiales dentro de España que impiden la movilidad de los trabajadores por el propio territorio nacional. Todo ello atenta contra derechos básicos como la libertad de circulación, la libertad de residencia y la libertad de empresa, y además han tenido consecuencias nefastas para la economía de muchas partes de España que han visto deteriorada la prosperidad y la riqueza de familias, trabajadores y empresas.

Las administraciones públicas deben promover la libertad lingüística, especialmente en las actividades laborales, profesionales, industriales y comerciales, y en general, en todo el ámbito socioeconómico.

El separatismo, el PP y el PSOE han utilizado las subvenciones que pagamos todos los españoles para implementar su agenda lingüística totalitaria marginando y arrinconando al español.

Ninguna ayuda o subvención pública debería estar supeditada al uso de una lengua cooficial, como sucede actualmente, debiendo otorgarse en todo caso en base a criterios objetivos que redunden en el bien común y el interés general. El uso de la lengua regional nunca debería ser requisito para la recepción de ayudas públicas por parte de empresas, profesionales y particulares.

No podemos permitir que se siga persiguiendo y marginando la lengua común de todos los españoles y mucho menos que sean las propias administraciones públicas las que lo promuevan. Es absolutamente necesario poner fin de inmediato a toda normativa nacional, regional, provincial o municipal que atente contra la libertad lingüística y pretenda perseguir al español en cualquier ámbito ya sea educativo, sanitario, económico, profesional, político o social.

Los españoles necesitamos una solución para acabar con la utilización política de las lenguas regionales como armas de separación entre españoles y de vulneración de derechos y libertades. La solución: Una ley nacional del español. Es de vital urgencia.

• Jorge Campos Asensi es responsable de las jornadas en defensa del español y de la libertad lingüística