Más de 28.000 personas han tenido problemas para acceder al sistema sanitario español

Más de 28.700 personas se han topado en los últimos 32 meses con barreras que les han impedido o dificultado acceder al sistema sanitario, obstáculos que en su mayoría son de carácter discriminatorio y que afectan principalmente a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad social como migrantes indocumentados.

Así lo pone de manifiesto el 'III Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS)' que cada año publica Médicos del Mundo, en el que ha documentado entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto hasta 69.650 casos de obstáculos para recibir atención médica o acceder a tratamientos esenciales en las 28.744 personas que atendió en ese periodo.

Lo que se traduce en que cada una se ha enfrentado a 2,42 escollos; la mayoría de personas asistidas por Médicos del Mundo son mujeres (61,4 %) y, por edades, casi la mitad tenían entre 18 y 34 años; atendiendo a los extremos, el 8,69 % de las personas atendidas eran menores de edad y el 4,75 % mayores de 65 años.

Con relación al origen, la práctica totalidad son extranjeras –solo un 2,78 % tiene nacionalidad española–, en su inmensa mayoría procedentes de Latinoamérica (Colombia, Perú y Venezuela), seguida del Norte de África (con una clara preponderancia de Marruecos, seguidas a gran distancia por Argelia) y en menor medida Europa (sobre todo Rumanía) y África subsahariana (Senegal y Mali).

La mayor parte de las barreras documentadas son de carácter discriminatorio, que constituyen el 40,84 % y que son la «consecuencia directa de la existencia de un marco legal en el que aún persiste gran parte de la lógica impuesta por la exclusión sanitaria de 2012».

En este sentido, «la redacción confusa, cuando no directamente contradictoria», del Real Decreto-Ley 7/2018 que regula las condiciones para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, «ha dado lugar a que a las personas extranjeras –particularmente aquellas en situación administrativa irregular– se les exija una serie de requisitos de difícil cumplimiento para acceder al sistema sanitario».

El empadronamiento como medio de prueba de que la persona reside en España, unido a la exigencia de demostrar que dicha residencia es superior a tres meses, se erigen como los principales escollos (16.508 casos).

Para muchos migrantes puede resultar imposible empadronarse, bien por no contar con un documento identificativo en vigor, por vivir en alquileres informales, zonas de infravivienda o directamente tratarse de personas sin hogar.

La exigencia de residencia superior a tres meses adquiere un carácter «particularmente dramático» en los casos de situaciones de especial vulnerabilidad como menores de edad (885) y mujeres embarazadas (363 casos), lo cual es fruto de que la legislación actual no garantiza en todo caso la atención a estas personas.

El colapso de los servicios sociales y de trabajo social, así como la imposibilidad en muchas comunidades de solicitar cita con trabajo social si la persona no está empadronada, «convierte esta salvaguarda en una auténtica vía muerta (707 casos)». Mientras, la situación de las personas mayores reagrupadas en España por sus hijas e hijos continúa siendo «de las más injustas y acuciantes» con 305 casos, lamenta el informe.

Por último, están los 1.375 casos de solicitantes de protección internacional que, una vez logran cumplir este trámite, «todavía se les exige en ocasiones que aporten otro tipo de documentación» como el empadronamiento o la prueba de residencia superior a tres meses.

A continuación se sitúan las barreras informativas, que suponen el principal escollo en el 25 % de los casos: un total de 5.293 personas desconocen cuál es su derecho de acceso al sistema o cómo realizar los trámites para poder ejercerlo, situaciones que son a su vez consecuencia de la falta de información adecuada desde el propio SNS (3.375 casos).

Los mayores padecen de forma específica esta falta de información; en el caso de personas reagrupadas es por falta de una explicación comprensible por parte del personal sanitario y aquellas de nacionalidad española añaden el papel que las nuevas tecnologías, que les dificultan el acceso a la atención (1.231 casos).

Mientras, las barreras económicas representan el 14,33 %; dentro de ellas, está la dificultad para acceder a medicamentos necesarios (1.849) o las facturaciones en urgencias, que constituyen una barrera que afecta de forma preponderante a personas migrantes que no consiguen ver reconocido su derecho a la atención sanitaria (898).

Un 9,38 % de las barreras son físicas, las más numerosas (3.847), las relacionadas con las dificultades en el transporte hasta el centro sanitario de referencia, con distancias que llegan a alcanzar los 10 kilómetros. También es relevante el factor horario de algunos centros de salud, que dificulta a muchas personas acceder a la atención sanitaria (2.465).

Por último, las culturales representan el 10,5 % del total de barreras documentadas, con un total de 4.350 casos en los que no se han tenido debidamente en cuenta sus marcos culturales.