Al menos 9.000 aves han muerto en España tras impactar con aerogeneradores desde 2020

La presencia de las energías renovables se ha multiplicado en los últimos años en todo el mundo con la intención de cambiar el modelo energético y reducir las emisiones de gases efecto invernadero que se producían con la quema de combustibles fósiles. Una transición que ha cogido velocidad de crucero pero que, dejando a un lado sus beneficios medioambientales y energéticos, tiene también sus sombras.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha presentado unos informes recabados de 12 comunidades autónomas en los que asegura que al menos 8.960 aves han muerto desde 2020 en España tras impactar con las aspas de aerogeneradores.

Se trata del 60 % de las aves muertas, oficialmente, por colisión con aerogeneradores desde 2001 (14.922), «lo que evidencia que el acelerón en el despliegue de complejos eólicos está disparando la pérdida de biodiversidad», sostienen desde la fundación.

La realidad es más grave de lo que reflejan los datos si se tiene en cuenta que no hay un vigilante las 24 horas debajo de cada aerogenerador y que muchos cadáveres desaparecen a las pocas horas debido a acciones de degradación o depredación. Esto último es lo que se denomina tasa de detectabilidad y según diversos autores suele variar entre uno de cada cinco hasta uno de cada ocho ejemplares accidentados.

En un estudio publicado recientemente por la Estación Biológica de Doñana (EBD) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtenido una tasa de detectabilidad para murciélagos en la provincia de Cádiz del 17 %. Con los datos obtenidos de la mortalidad y la tasa de detectabilidad, en España pueden estar muriendo cada año alrededor de 900.000 murciélagos, lo que supone que en España podrían estar muriendo entre dos y cuatro millones de animales silvestres (aves y murciélagos) tras golpearse con las aspas de los aerogeneradores.

Desde la FCQ han constatado también que no existe un criterio único sino grandes diferencias entre las comunidades autónomas a la hora de obtener, registrar y facilitar los datos oficiales. Solo Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra ofrecen información trasparente y exhaustiva sobre impactos de avifauna en los aerogeneradores de sus territorios. Además, en comunidades como La Rioja o Castilla y León el acceso a los correspondientes datos requiere de numerosos y largos trámites burocráticos.

Pese a no ser completos, los datos recabados evidencian la «grave amenaza» que el actual despliegue eólico en España supone para la biodiversidad. Desde la fundación aseguran que «existen medidas preventivas eficaces que deberían ser exigidas por la administración de forma obligatoria a las empresas promotoras, todas ellas están al alcance de los consorcios que se dedican al negocio eólico. Sin embargo, en la actualidad, la normativa no exige esas medidas, sino otras mucho más laxas que de todos es sabido, no están funcionando de forma eficaz».

Ante ese panorama, desde la FCQ han afirmado que han suspendido sus actuaciones para la reintroducción del quebrantahuesos en el Maestrazgo turolense, que se enmarcaban en el proyecto LIFE PRO BV 'Corredores Ibéricos por el Quebrantahuesos'. La propuesta de un clúster eólico en torno al área de suelta de ejemplares compromete de forma directa su supervivencia y la de muchas otras aves.