Un cazador en los montes de Cameixa, en el municipio ourensano de Boborás
El PP exige al Gobierno que reconozca el valor estratégico de la caza
La formación ha destacado el gran impacto económico de la actividad cinegética en España
El Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para «reconocer el valor estratégico del sector cinegético y favorecer una actividad sostenible de la caza en España como factor esencial de la biodiversidad».
La formación sostiene que la caza es «un motor económico rural en la que genera renta y empleo, además de contribuir al mantenimiento de la conservación de los territorios y de la biodiversidad en general».
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El PP se apoya en el estudio sobre la 'Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España', elaborado por la Fundación Artemisan y la consultora Deloitte, que muestra el gran impacto económico de la actividad cinegética en España. Entre los datos más relevantes destaca el gasto generado, 6.475 millones de euros, un 0,3 % de PIB en el país, y el mantenimiento anual de 186.758 puestos de trabajo, de los cuales 141.261 son empleos directos, indirectos e inducidos.
El Anuario de Estadística Forestal que publica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, respecto a datos del año 2022, cifra en 568.715 licencias sin contar las licencias interautonómicas. Aproximadamente 42,7 millones de hectáreas son terrenos cinegéticos, entre oferta pública y privada.
Además del aspecto económico, el PP subraya que la caza contribuye a un desarrollo social y ambiental. «Su tradicional faceta como actividad deportiva se combina con la función recreativa agrupándose en sociedades, asociaciones o uniones de cazadores sin ánimo de lucro, con un profundo calado social. El arraigo de algunas de las modalidades le confieren un carácter cultural», indica el PP en su propuesta.
La propuesta del PP insta al Gobierno a que reconozca la caza realizada de forma sostenible como una actividad esencial para la gestión sostenible de la naturaleza, recuperar la capacidad de la caza para gestionar los recursos naturales del territorio y tener en consideración el impacto normativo de todos los desarrollos legislativos que afecten directamente a la actividad cinegética, entre otras cosas.
«La caza se reconoce como una actividad económica legítima y legal. En ella se equilibra aspectos sostenibles en sus tres pilares; económico, social y medioambiental, favoreciendo de manera esencial la biodiversidad y contribuyendo activamente al mantenimiento y de conservación de la naturaleza. Permite el desarrollo sostenible del medio rural y conjuga valores sociales y culturales. Sin embargo, existe se cierne una amenaza continuada y una criminalización sobre los cazadores y la actividad cinegética», concluye el PP, que de esta manera obliga al Gobierno a posicionarse sobre una cuestión que generará debate durante el primer trimestre de 2025, ya que en marzo debatirá el cambio de estatus del lobo de especie de fauna estrictamente protegida a especies de fauna protegidas.
