Las trabas burocráticas que impiden a España convertirse en una potencia de los fertilizantes

La propuesta de la Unión Europea (UE) para penalizar la compra de fertilizantes y de productos agrícolas a Rusia y a Bielorrusia dibuja un panorama pesimista para agricultores y ganaderos.

La medida, que ya ha obtenido el respaldo del Consejo General de la UE y cuyo próxima votación se dará en el Parlamento Europeo, amenaza con encarecer aún más los insumos del campo.

Los cálculos a pie de cultivo apuntan a que de confirmarse este portazo a los fertilizantes procedentes de Rusia y de Bielorrusia, cuyo aporte supone el 50 % del consumo continental, encarecerá en al menos 40-45 euros por tonelada para la próxima campaña el coste para los agrarios. Según el tipo de fertilizante, se podrían alcanzar niveles de incremento desde los 315 hasta los 430 euros por tonelada. Esto supondría un incremento de hasta el 100 % en términos ad valorem.

La necesidad del bloque continental de acudir al mercado para cubrir sus exigencias de fertilizantes debilita a la institución, que podría encontrar en España un cliente clave para ganar independencia en el panorama geopolítico.

Una posible solución a esta carestía que sufre la UE en fertilizantes emerge a unos 50 km de Pamplona, dentro de los términos municipales de Undués de Lerda (Aragón) y Sangüesa (Navarra); sin embargo, las trabas burocráticas impiden –por el momento– la puesta en marcha de la Mina Muga, una infraestructura que podría producir un millón de toneladas anuales de potasa.

Fuentes de Geoalcali, la compañía que desarrolla el proyecto, señalan en conversación con El Debate los problemas que bloquean el inicio de la explotación: «El proyecto Muga tiene tres concesiones mineras: una otorgada por Navarra (Goyo), la otra otorgada por Aragón (Muga) y una en la frontera de ambas comunidades otorgada por el Estado (Fronterizo). En septiembre de 2024 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulaba el otorgamiento de Goyo aduciendo a un defecto formal en la firma de ese permiso, sentenciando que debía ser el Ministerio de Transición Energética el que otorgase Goyo, en lugar del Gobierno de Navarra».

La empresa ha solicitado una solución administrativa a este fallo y ha indicado que ya a disposición la financiación de unos 500 millones de euros con socios asiáticos y bancos europeos que reclaman seguridad jurídica en España para poder invertir.

«Resulta crucial considerar Mina Muga como un proyecto estratégico para nuestra seguridad nacional en España y en Europa. De hecho, varios países europeos han demostrado ya su apoyo a Muga sobre todo en un contexto en el que Europa debe estar unida para proteger sus intereses ante amenazas externas que ponen en riesgo nuestras prioridades comunes», indican desde Geoalcali.

Los impulsores de la mina subrayan en que el principal obstáculo para ejecutar el proyecto es no disponer de una garantía jurídica y que por «una discusión de una firma» se haya paralizando una inversión de tal relevancia: «La no ejecución supondría la pérdida de una oportunidad para generar unos 3.800 millones de euros en pagos a proveedores, 1.246 millones de euros en ingresos fiscales y unos 7.000 puestos de trabajo. Un proyecto que además ha recibido el apoyo por parte de los alcaldes de la zona»

Los bajos costes energéticos de Rusia permiten que Moscú haya ganado notoriedad en el mercado de fertilizantes, de ahí que esta infraestructura pudiese lanzar a España como proveedor europeo. Europa, con un consumo anual de potasa de entre 9 y 11 millones de toneladas, importó entre 8 y 10 millones en 2023.

«Europa no es autosuficiente en la producción de potasa y depende en gran medida de las importaciones para satisfacer su demanda. La dependencia de importaciones de potasa de la UE ha ido en aumento desde 2018. Las importaciones totales de la UE de todas las formas de potasa alcanzaron su máximo en 2020, de las cuales más de la mitad provinieron de Rusia y Bielorrusia», aseveran en Geoalcali.

La empresa afirma que una vez comiencen las obras tardarían 36 meses en construir la mina, de ahí que la urgencia sea máxima para así reforzar la autonomía europea y la importancia estratégica de España en el sector.