Una cláusula en la ley de Vivienda desmiente que los alquileres tengan que bajar en las zonas intervenidas como afirma la ministra Rodríguez

«La Ley de Vivienda funciona. A los pregoneros del apocalipsis, hoy les decimos que es posible intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios y mantener la estabilidad de los inquilinos al tiempo que trabajamos por una mayor oferta hasta conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda a precio asequible», aseguraba la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez , hace unos días durante la presentación del balance de la aplicación en Cataluña de las primeras zonas de mercado tensionada después de un año.

Durante su intervención –acompañada por Sílvia Paneque, consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, y Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona–, Rodríguez ha destacado que, en este tiempo, los municipios declarados zonas tensionadas han rebajado en un 3,7 % el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de Cataluña esa rebaja es del 3,3 %.

Un informe publicado por la Inmobiliaria Forcadell y la Universidad de Barcelona (UB) a finales de 2024 desmonta estas declaraciones. Y es que, aunque los autores del informe no precisan cuanto, sí afirman que el precio del alquiler estaba aumentando tanto en los contratos vigentes, como en la renovación de los acuerdos entre los pequeños propietarios y los inquilinos.

La explicación, dicen, se encuentra en la propia Ley de Vivienda. «A aquellos inquilinos con un contrato en vigor, en 2024, la importación del alquiler les aumentó un 3 % tal y como se establece en la normativa. Además, en los siguientes años, el Ejecutivo ha prometido que el índice creado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) aumentará menos de lo que lo haga la tasa de inflación. Por tanto, si así sucede, la cantidad del arrendamiento no se reducirá, sino que seguirá aumentando», establece el informe.

También se centra en el caso de los nuevos contratos efectuados por pequeños propietarios. Aquí, el casero tiene dos opciones. «La primera consiste en el incremento del precio del alquiler en lo que establece la ley. La segunda en aumentar la renta en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la inflación acumulada desde el inicio del contrato (los últimos cinco años) y el incremento observado en la cantidad del arriendo durante ellos», explica.

Existe un último caso, que es el de las viviendas alquiladas por grandes propietarios. En Cataluña, son considerados como grandes tenedores las personas físicas y jurídicas que poseen cinco o más viviendas, aunque una de ellas sea la residencia habitual de las primeras y otra la utilicen durante sus vacaciones. Si hacen un nuevo contrato a un inquilino, ambos deben percibir del arrendatario la importación establecida en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.

Expertos inmobiliarios, como Gonzalo Bernardos , profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, consideraron que estos datos suponen «el inicio de una gran campaña de publicidad , así como se pretende presionar a sus homólogos de otras comunidades, especialmente las gobernadas por el PP».

Pero, «parece que desconocen cuál es el principal objetivo de la Ley de por el Derecho de la Vivienda No tiene como meta disminuir la importación del alquiler, sino lograr un aumento anual inferior al de la inflación», añade Bernardos.

Destrucción de oferta

Otro dato que han ofrecido ha sido el de la oferta. Según el Ministerio de Vivienda, el número de inmuebles en alquiler en 2024 ha crecido en 17.000 respecto a 2023. Y todos los informes de los portales inmobiliarios contradicen estas cifras.

El saldo constata el fracaso de esta medida para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler. La oferta de viviendas disponibles ha caído en más de 40.000 inmuebles, mientras que la competencia por encontrar un hogar se ha multiplicado por cinco, según reflejan los datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

«La declaración de zonas de mercado tensionado en Cataluña ha resultado desastrosa», apunta Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. «Se ha destruido el mercado del alquiler residencial, ahuyentando a decenas de millas de propietarios que han optado por otras alternativas y disparando el número de personas que se interesan por cada oferta, lo que dificulta enormemente el acceso a una vivienda para los inquilinos», añade.

La principal consecuencia del tope al alquiler ha sido el desplome de la oferta de vivienda en alquiler de larga duración. Si en 2023, Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor oferta del país, con un total de 154.663 inmuebles, en 2024 descendió hasta la tercera posición, superada por la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Este año se ha destruido una cuarta parte de la oferta, uno de los datos más acusados del país, que solo comparten otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Asturias, donde la amenaza de declarar zonas tensionadas también ha ahuyentado a los propietarios del mercado.

Para el presidente de Alquiler Seguro, «la reducción de la oferta no es ninguna sorpresa inesperada». Y es que, lo mismo ha ocurrido en todas las experiencias de intervención del mercado del alquiler que se han puesto en otros lugares de Europa, como Berlín. «Los propietarios, en su inmensa mayoría ahorradores particulares, son muy sensibles a este tipo de medidas, y ante la incertidumbre y la preocupación optan por otras alternativas como puede ser vender la vivienda o cerrarla», explica Carroza.