La Fiscalía suiza archiva la donación de 65 millones de Juan Carlos I a Corinna

La Fiscalía de Ginebra, con Yves Bertossa al frente, ha decretado el cierre de la investigación por blanqueo de capitales que mantenía sobre Don Juan Carlos a Corinna Larsen a partir de la donación de 65 millones de euros que el Rey emérito hizo a su amiga y que, a su vez, había recibido de la monarquía Saudí. Pese a que las pesquisas en Suiza se dirigían de manera directa contra Larsen y los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, el monarca español se encontraba vinculado a ellas de manera colateral. Con esta nueva decisión, que según confirman fuentes de la Fiscalía española podría «precipitar» el archivo de la instrucción todavía activa contra él en nuestro país, las actuaciones en Suiza concluyen de manera favorable para Don Juan Carlos pero también para Corinna. 

El origen de las pesquisas helvéticas, dirigidas por el fiscal jefe del Cantón de Ginebra, se remontan a 2008, año en el que, presuntamente, Fasana y Canónica crearon para Don Juan Carlos una estructura societaria en Panamá, la denominada Fundación Lucum, donde el rey emérito consignó, bajo la fórmula de la donación, un ingreso de 65 millones de euros de los que Corinna Larsen fue la única beneficiaria. El Rey de Arabia Saudí había obsequiado previamente al entonces monarca español con un importe de 100 millones de dólares, equivalentes al cambio a la cantidad que Don Juan Carlos puso a nombre de su amiga alemana. 

Sin embargo, ahora, la Fiscalía suiza ha hecho público un comunicado en el que indica cómo de la instrucción de los hechos no se ha podido «establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudí y la conclusión de contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad» en ese país en 2011. Esto es, no ha permitido acreditar que el pago de la monarquía saudita al entonces Jefe del Estado español se produjo a cambio de la intermediación de éste en las obras del AVE a La Meca. 

Precisamente este aspecto era una de las tres líneas abiertas en España contra Don Juan Carlos por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público español se inclina, también, por dar por cerrada esta investigación en base a la inviolabilidad que protegía a Don Juan Carlos durante su reinado, una condición que le eximiría de cualquier responsabilidad en las supuestas comisiones que pudo cobrar de Arabia Saudí por las obras del AVE a La Meca y que, ahora, la Fiscalía suiza ha descartado. 

Y ello pese a que, la semana pasada, la Fiscalía General del Estado y su titular Dolores Delgado acordaron prorrogar la investigación de Anticorrupción sobre Juan Carlos I hasta el verano del próximo año. En un decreto firmado por la titular del Departamento se confirmaba la prolongación de las diligencias sobre la actuación del Rey emérito en manos de su número dos, el fiscal Jefe del Supremo Juan Ignacio Campos, tal y como ya había avanzado El Debate en primicia. Unas pesquisas que, si bien están abocadas al archivo dependen temporalmente, en último término de Campos, el teniente fiscal del Alto Tribunal quien, por esta razón, según apuntan fuentes próximas a la investigación, ha chocado en ocasiones con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, partidario de cerrar capítulo cuanto antes.

La resolución suiza no tendrá un impacto inmediato  en el seno de Anticorrupción donde «sigue todo abierto» ya que todavía «queda información bancaria por recibir»  en el marco de la última comisión rogatoria librada por nuestro país a las autoridades helvéticas, apuntan a El Debate fuentes próximas a la institución. Si bien el hecho de que el fiscal jefe de Ginebra haya concluido la imposibilidad de acreditar irregularidades en el comportamiento de Don Juan Carlos «podría acelerar los pasos para que en España se acuerde de manera formal el archivo» de las pesquisas vivas sin necesidad «de agotar el plazo de 6 meses» recientemente autorizado por Delgado, señalan las mismas fuentes. 

Una fortuna en mano de testaferros

El 6 de agosto de 2018 el Ministerio Público suizo iniciaba un proceso penal por un presunto delito de blanqueo de capitales contra Corinna Larsen y sus asesores interpuestos, Dante Canónica y Arturo Fasana, que se veía agravado tras hacerse públicas en España informaciones sobre este caso. 

Los datos apuntaban a que «el ex Rey de España Juan Carlos I habría recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas. Se dijo que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca», ha recordado este lunes la Fiscalía helvética. 

La misma Fiscalía ha relatado cómo del trabajo del procurador del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa no ha podido desprenderse la existencia de «un vínculo suficiente entre la cantidad recibida» por Juan Carlos I «de Arabia Saudí» y «la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad». Unas diligencias donde el Rey emérito español nunca ha ostentado la condición oficial de investigado, pero en las que se ha visto involucrado al aflorar cierta documentación relevante sobre su fortuna opaca al fisco español.

Dos regularizaciones «suficientes»

La Fiscalía del Supremo español fue la responsable de notificar al Rey emérito que estaba siendo investigado en nuestro país por su fortuna, buena parte de ella oculta en el extranjero y oculta al fisco. El propio teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos -responsable directo de las pesquisas en cooperación con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón- comunicó oficialmente a Juan Carlos I la apertura de las tres causas contra él, en junio, noviembre y diciembre de 2020. Lo que provocó que el monarca se dirigiese voluntariamente a la Agencia Tributaria para consignar sendas regularizaciones y disipar, así, las sospechas que pesaban sobre él como presunto autor de un delito fiscal.

En la primera de las ocasiones, Hacienda registró una regularización por importe de 678.393 euros. Más tarde, en febrero de 2021 consignó un segundo pago por importe de 4,4 millones de euros. Dos regularizaciones que la Fiscalía «da por buenas» desde el punto de vista de eliminar el delito tributario.