Sánchez con el presidente vasco, Imanol Pradales, en una de las reuniones mantenidas para la cesión de competencias
Solo el País Vasco acapara el 60 % de los traspasos de competencias otorgadas por Sánchez
Las otras dos comunidades que copan el podium de favorecidas por el socialista son Cataluña y Navarra
Arnaldo Otegi lleva tiempo advirtiendo que su camino hacia la independencia se hace «sin ruido», poquito a poco, como las hormiguitas. Y algo de razón debe de tener porque, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, desde el mes de junio de 2018, el País Vasco acapara el 60 % de las transferencias cedidas por el gobierno socialista.
Solo en 2024, Sánchez ha otorgado al País Vasco cinco competencias, más que las logradas por la segunda Comunidad Autónoma que más competencias ha recibido en la era Sánchez, Cataluña. Al País Vasco le han dado 16 de las 30 competencias transferidas en total desde 2018.
Además, este año el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cedido a la Ertzaintza competencias de orden público en los puertos y aeropuertos del País Vasco, aunque aseguró que no saldrá ni un agente y que Policía y Guardia Civil seguirán ocupándose de extranjería, fronteras y fraude fiscal.
Hasta ese anuncio, el País Vasco ya había asumido la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Cercanías, el transporte por carretera o las prestaciones sanitarias del seguro escolar, el código bibliográfico internacional ISSN o el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, entre otras.
Le siguen Cataluña y Navarra
Cataluña, por su parte, ha obtenido la gestión del IMV y tres ampliaciones de traspasos previos en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
El Gobierno central y el catalán siguen negociando para materializar otros traspasos como el de Rodalies, la competencia de becas o la de edificios públicos del Estado ubicados en Cataluña.
Y hace unas semanas, en la Junta de Seguridad de Cataluña se ha acordado que corresponde a los Mossos d'Esquadra la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente, en detrimento de la Guardia Civil.
Navarra es la siguiente en la lista, al haber asumido tres competencias: la sanidad penitenciaria, el IMV y la de tráfico, que el Tribunal Supremo anuló por defectos, lo que obligó a los ejecutivos central y autonómico a modificar el traspaso para blindarlo.
