El Gobierno disfraza la quita de deuda a las comunidades como un gran acto de generosidad

El nuevo argumentario del Gobierno es un juego de palabras: «¿El PP está con condonar la deuda o con condenar a los ciudadanos?», se preguntó este martes la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a propósito de la propuesta de la ministra de Hacienda de perdonar 83.252 millones de euros de pasivo a las comunidades. Un «trampa», según Alberto Núñez Feijóo, que viene motivada por uno de los compromisos que el PSOE alcanzó con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, el de quitarle un lastre de 17.104 millones de euros de deuda.

Desde el lunes, en que María Jesús Montero anunció la propuesta que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, los socialistas se han arremangado para convertir en un supuesto acto de generosidad hacia las comunidades lo que en realidad es una letra más de la hipoteca de Sánchez con los independentistas. Y, de paso, para intentar volverla contra el PP, buscando la división en sus filas.

«Estamos hablando de una propuesta que traslada el Gobierno de España de asumir una deuda de más de 83.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas. Les estamos diciendo que podrán mejorar su situación financiera, que esos recursos que tienen que destinar las comunidades autónomas para afrontar la deuda los puedan destinar a mejorar los servicios públicos, y el PP dice que no», añadió Pilar Alegría.

Sin embargo, la portavoz no contestó a la pregunta clave que le hizo una periodista durante su comparecencia: si el Gobierno no necesitara los votos de ERC y Junts, ¿habría condonación para todos? La respuesta de Alegría fue que las autonomías registraron un sobreendeudamiento entre los años 2009 y 2013, por culpa de la crisis, y que esta quita es «un paso más a fortalecer el Estado de las Autonomías».

Las comunidades del PP ya han anunciado que votarán en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, pero la propuesta saldrá adelante porque el Gobierno tiene la mitad de los votos y le basta que una comunidad vote a favor para decantar la balanza. Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, las tres del régimen común gobernadas por el PSOE, ya han anunciado que están por el sí.

En la Moncloa sostienen que el PP puede permitirse ahora votar en contra porque los populares saben que la quita general será aprobada con o sin su voto. Pero les esperan en el Congreso: la propuesta de Hacienda tiene que ser tramitada después como ley orgánica y aprobada en el Congreso, y en el Gobierno se preguntan si acaso votará el PP en contra también ahí. «Me resultaría inexplicable», sostuvo Alegría, que además acusó al principal partido de la oposición de «dar alas al discurso del agravio comparativo» entre comunidades siempre y de «llevar esa confrontación constante».

Fuentes gubernamentales aseguran que esta quita es un paso hacia un objetivo mayor: el de la reforma del sistema de financiación autonómica, reclamada por todas las comunidades desde hace años. No obstante, remachan que éste era un escalón previo: «Si te estás ahogando necesitas que se tiren a salvarte, pero primero que te tiren un flotador», señalan en el Ejecutivo.