El incesante acoso del Gobierno a los jueces que investigan los casos de corrupción que salpican a Sánchez

En noviembre de 2023 el PSOE llegó a un acuerdo con Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En ese documento los socialistas asumieron la tesis del lawfare (judicialización de la política) ya que se aseguraba que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare».

De esta manera, a medida que ha ido avanzado la legislatura han surgido diferentes causas judiciales de corrupción que salpican de manera directa al jefe del Ejecutivo, y ante ello la estrategia del Gobierno ha sido atacar a la Judicatura. Por ejemplo, la Abogacía del Estado ha recurrido recientemente en el Tribunal Supremo la decisión del juez instructor del Alto Tribunal Ángel Hurtado de prorrogar la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez; ambos imputados por haber revelado secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La Abogacía ha esgrimido en su apelación que el magistrado Hurtado ha excluido de forma «tajante» y «sin motivación» el testimonio de varios periodistas que afirmaban haber obtenido la información de la pareja de Ayuso antes de que la recopilara el Ministerio Público. La institución que presta la asistencia jurídica al Estado critica que el instructor no haya considerado «creíbles» el testimonio de los informadores, y ha acusado al magistrado instructor Ángel Hurtado de actuar con «sesgo» y construir «una tesis equivocada» para «atribuir un delito sin apenas prueba».

Sánchez también empleó a la Abogacía del Estado –órgano adscrito al Ministerio de Presidencia y Justicia, que encabeza Félix Bolaños– para querellarse por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado; magistrado que investiga la causa en la que está imputada Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No obstante, en octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la acusación contra Peinado por unanimidad, y uno de los jueces, Jesús María Santos, emitió un voto particular en el que subrayó que la interposición de la querella podía suponer «un ejercicio abusivo del derecho a querellarse».

Por su parte, la Fiscalía actúa en un gran número de veces al servicio del Ejecutivo. Sánchez presumió en una entrevista de finales de 2019 que la Fiscalía depende del Gobierno. «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», preguntó Sánchez. «Del Gobierno», contestó el entrevistador. «Pues ya está», zanjó el también líder del PSOE. En este contexto, El Debate informó hace unos pocos días cómo García Ortiz ha consumado el control de los representantes del Ministerio Público en las causas de corrupción que afectan al Ejecutivo.

A su vez, el pasado 21 de marzo la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó el recurso interpuesto por David Sánchez –el hermano del presidente del Gobierno imputado por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros– y avaló la labor de la jueza. El familiar de Sánchez manifestó que se estaba produciendo una investigación «prospectiva» y solicitó que se frenase la investigación contra Luis Carrero, exasesor de Presidencia que fue contratado por la Diputación de Badajoz, posturas rechazadas por el tribunal.

El PSOE habla abiertamente de 'lawfare'

Hace más de un año, en enero de 2024, el Gobierno ya acusó a ciertos miembros de la Judicatura de lawfare. La entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera –hoy en día vicepresidenta de la Comisión Europea– aseveró que el juez Manuel García-Castellón tenía «querencia a pronunciarse en una sola dirección» después de que el magistrado pidiera investigar al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont por terrorismo.

«Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección y que tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», expresó Ribera en relación con García-Castellón.

Así las cosas, en diciembre el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó que algunos jueces «hacen activismo político» dado que tienen «un frente judicial» contra el Gobierno. En referencia a las imputaciones de Begoña Gómez y David Sánchez, el portavoz parlamentario de los socialistas dijo que «claro» que hay magistrados que están «colaborando» para hacer caer al Gobierno. Ese mismo mes el propio Sánchez dijo que el PP juega «con las cartas marcadas» en su labor de oposición gracias a la ayuda de algunos jueces.

En enero el magistrado que investiga al fiscal general del Estado apuntó a la implicación de Presidencial del Gobierno en la revelación de secretos del novio de Ayuso. Después de ello, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, dijo que el auto del magistrado contenía «elucubraciones». «No valoro elucubraciones, porque son elucubraciones. No hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios, y aquí no los hay. Por tanto, me permitirá que no valore elucubraciones», apostilló.