La maniobra de Conde-Pumpido para evitar que Europa revise su sentencia de los ERE indigna a los jueces

La deriva iniciada por el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en el Pleno del pasado martes, ha puesto en alerta a los tribunales españoles. La propuesta planteada a los miembros de la Corte para evitar que la Justicia europea revise la polémica sentencia de los ERE de Andalucía –con la que se eliminaron, o rebajaron, las penas impuestas por el Supremo a más de una decena de políticos socialistas implicados en la trama– es una «barbaridad» de tal calado que, para muchos jueces y magistrados, resulta «imposible de llevar a la práctica».

Entre otras cosas porque «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha resuelto este desafío antes» para otros casos de otros países y, en todos ellos, ha sentado dos bases doctrinales inmutables. La primera cómo la cuestión prejudicial, que prepara la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, permite «desobedecer el fallo del TC sin represalias» si, finalmente, resultase avalada la consulta. La segunda, además, «la imposibilidad de que ningún órgano, institución o autoridad nacional pueda bloquear la herramienta prevista» en el Tratado de Funcionamiento si alberga dudas sobre «la posible colisión de una norma o un fallo con la primacía del Derecho comunitario».

A estos efectos, «el Constitucional español o cualquier equivalente es considerado un tribunal interno ordinario, sin que sus decisiones tengan un valor de aplicación mayor del que puedan tenerlo las de otras instancias», apuntan los expertos. «Cualquier intento de veto previo es ilegal», apostillan.

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya ha dejado claro que defenderá su decisión en este caso. «No es que se niegue a cumplir con la resolución dictada por la Corte de Garantías ni que haya entrado en desacato con la misma», como Conde-Pumpido ha querido presentarlo al esbozar la necesidad de «defender la jurisdicción» del TC. Se trata de aclarar si la resolución adoptada en amparo es compatible con el ordenamiento europeo o no.

Tal es así que el órgano provincial, encargado de la ejecución del fallo, decidía plantar cara ante la pretensión del TC y pedirle explicaciones sobre el motivo que le ha llevado a solicitar una copia de su providencia. Tan sólo unas horas más tarde, Conde-Pumpido justificaba la petición para tener un documento, que es público, con la finalidad de deliberarlo en el próximo Pleno. Pese a la explicación oficial, con la que se ha pretendido dar normalidad al conflicto institucional creado, el choque de trenes está servido.

Y es que los magistrados «no están dispuestos a dejarse intimidar en sus competencias», afirman varias fuentes consultadas por El Debate. No cabe, «en modo alguno» que el Constitucional español maniobre en contra de la «doctrina consolidada» en más de una docena de sentencias del TJUE para blindar resoluciones que, a todas luces, «desbordan los límites de las funciones propias del órgano» para mayor «impunidad» de los afines al Gobierno.

La rectificación de los ERE es, en realidad, «un indulto encubierto» que, por extensión, sienta las bases para una interpretación «favorable a la malversación de la amnistía», denuncian desde la Carrera judicial. La misma que anticipa cómo bajo el pretexto de la Audiencia de Sevilla, Conde-Pumpido está «anticipando un nuevo conflicto en el caso del Supremo». No en vano, la Sala Segunda del Alto Tribunal anunció que, tras agotar la vía interna, sobre la polémica norma de borrado del procés elevaría un auto motivado al TJUE para su análisis en el marco del Derecho comunitario.