Puigdemont pidió a su entorno preparar un adelanto electoral ante los incumplimientos del PSOE

En su entrevista a TV3 de hace un par de semanas, Puigdemont dejó claro que quería que se transfirieran a Cataluña las políticas de inmigración y marcó como fecha límite el 31 de diciembre. Días más tarde, el líder de Junts, ante la falta de avances en sus negociaciones con el Gobierno, llamó a su Consejo Nacional a prepararse para un posible escenario electoral. Llegó la Nochevieja y la exigencia de Junts pactada con el PSOE a cambio del apoyo parlamentario a varios decretos no se concretó.

Junts, muy preocupada por no ser percibida como un socio tan dócil como ERC, subió el tono y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, dejó claro que «no se dan las circunstancias ni para empezar a negociar los presupuestos. Primero debe cerrarse la carpeta de la inmigración para abrir otra». Jordi Turull, secretario general de Junts, se sumó al nuevo tono, más exigente, de Junts, y solicitó «no ser indultado, sino amnistiado». El número dos de Puigdemont calificó a los jueces de prevaricadores por haber «forzado el principio de malversación con el objetivo de inhabilitarme».

Desde el PSC llaman a la calma y creen que Junts se ha equivocado al fijar una fecha para la consecución de una transferencia tan compleja y recuerdan que si bien tienen la voluntad de cumplir lo pactado y «la Generalitat está preparada para asumir las competencias de inmigración», hay que encontrar el camino para encajar la transferencia de competencias exclusivas del Estado como son la expedición del NIE, la concesión de permisos de trabajo, el control de fronteras o la gestión de expedientes de expulsión.

El hecho es que el PSOE prometió a Junts una transferencia que en la práctica sería inconstitucional y chocaría con la UE y, además, se comprometió en las conversaciones secretas que Junts y el PSOE mantienen en Ginebra (Suiza), a que dicha transferencia se materializaría antes del 31 de diciembre y ahora no sabe como desatascar la situación para que Puigdemont se siente a hablar de presupuestos.

Mientras, Junts y ERC hacen pagar a Illa sus problemas con Sánchez. La última disputa ha sido a cuenta de unas declaraciones del consejero de deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha dicho que «la participación de las selecciones catalanas en competiciones deportivas internacionales es una decisión que compete a cada federación». ERC se ha lanzado en tromba a recordarle a los socialistas catalanes que la homologación internacional de las selecciones deportivas catalanas está incluida en el pacto que facilitó la investidura de Salvador Illa y desde Junts han afeado a ERC que no sea capaz de hacer cumplir al PSC lo pactado.

La Agencia Catalana de Noticias recordó en una información que en los últimos 25 años la Generalitat solo ha contado en nueve ocasiones con presupuestos aprobados a tiempo. La inestabilidad en Barcelona es otro factor de inquietud para Sánchez, dado que ERC y Junts compiten entre ellos, pero a la vez ambos son imprescindibles para avanzar en la tramitación de los PGE para 2025.