Estas son las cifras de okupación en Galicia y la razón de por qué el número real es «dos o tres veces mayor»

La okupación es uno de los problemas que más preocupa a propietarios de inmuebles en España. La desprotección judicial denunciada de manera reiterada se agrava si se trata de una segunda residencia donde el control de la propiedad y los procesos pueden jugar una mala pasada. En Galicia, como en el resto de comunidades, este asunto recoge multitud de casos. Además, hay que tener en cuenta que las cifras no son completas y que existen muchos casos que no están registrados en los tribunales por la falta de fe de los perjudicados por este tipo de situaciones o porque, simplemente, no responden a los criterios de okupación.

Las cifras oficiales publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogen los casos gestionados por los Juzgados de Primera Instancia. El total nacional es de 1.782 procedimientos. En Galicia se han registrado 66 casos en el año 2024: 17 en el primer trimestre, 24 en el segundo y 25 en el tercero.

A pesar de que las cifras en la comunidad gallega no son tan altas como en otras regiones españolas, el problema de la okupación afecta a muchos propietarios que ven ahora como la denominada «inquiokupación» va ganando fuerza en el país. Este tipo de okupación responde a la deuda de inquilinos que entran a vivir en una casa y no pagan la renta. Estos procesos se convierten en largos periodos de tiempo donde los dueños de pisos o casas no pueden hacer uso de sus inmuebles y tampoco recibir una contraprestación económica por ello.

El baile de cifras

Tal y como advierte en declaraciones para El Debate, Ricardo Bravo, presidente de afectados por la okupación, los números oficiales distan mucho de la realidad. Estas cifras cuentan «los delitos de allanamiento y usurpaciones», subraya para afirmar que, por lo tanto, las «inquiokupaciones» que antes se denominaban impagos en general, no están dentro de este recuento.

Una de las razones por la que muchos prefieren optar por otros métodos alejados de los procesos judiciales es el tiempo de espera. Otro informe publicado por el CGPJ informa de que el tiempo medio para poder echar a un okupa en Galicia es de 17,9 meses.

Según los datos del CGPJ el periodo medio de los procedimientos verbales ha aumentado. Concretamente, en 2023, se situó en una media nacional de 12 meses frente a los 10,2 meses del 2022. En el caso de Galicia se sitúa de nuevo por debajo de la media con 9 meses.

«La gente busca soluciones. La más famosa son las empresas de desokupación pero también existen bufetes de abogados que se dedican a esto», apunta Bravo.

Todo este problema se ha agravado con la prórroga del Real Decreto 11/2020 por el que se adoptaron, en su día, una serie de medidas urgentes en materia de de vivienda, complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente a la crisis asociada al Covid-19. Este decreto supone la suspensión de los deshaucios y lanzamientos y, por lo tanto, se traducen en una protección a los inquiokupas.

Además, hay que tener en cuenta otro factor: las mafias dedicadas a esto. «Estos grupos localizan pisos vacíos cuyo propietario es el banco y lo okupan. Posteriormente, lo venden a terceros y traen consigo delitos relacionados con este tipo de ambiente», recuerda Bravo que puntualiza que, por lo tanto, se trata de otros miles de afectados por el problema.

Asociación contra la inseguridad jurídica

Bajo el nombre de APROVIJ (Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica), quince afectados se han reunido para intentar dar una mayor visibilidad a una problemática real. «Queremos alzar la voz contra el abuso constante al que nos somete el Real Decreto 11/2020, un decreto que ha convertido a muchos de nosotros, los propietarios, en víctimas de una indefensión jurídica si precedentes», puede leerse en su página web de reciente construcción. «Se ha creado un escenario de vulnerabilidad para todos aquellos que han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad», añaden.

«No podemos ser el escudo social de los que no quieren trabajar o de los que trabajen pero quieren estar en nuestras viviendas gratis», se quejan.